SIN "CONNIVENCIA ALGUNA"

La Justicia sobresee las diligencias contra Bel, Díaz y Pastilla en la causa de los coches intervenidos

La Justicia sobresee las diligencias contra Bel, Díaz y Pastilla en la causa de los coches intervenidos
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

El Ministerio Público ha propuesto a la instructora de las diligencias, que ha aceptado, juzgar a un funcionario de Justicia, O.M.P., y a un empresario, J.A.H.T., por la presunta comisión de un delito de cohecho ya que ve pruebas de que el primero "pidió diversos pagos de dinero con el fin de nombrarle depositario o de que a su depósito llegaran más vehiculos que al resto".

La Fiscalía de Ceuta considera, y la titular del Juzgado de Instrucción número 2 ha aceptado sus tesis, que "no es posible atribuir connivencia alguna" a la ex consejera Yolanda Bel, al ex gerente de Amgevicesa Antonio Díaz y a la secretaria general de la Asamblea para "llevar a cabo la destrucción de vehiculos" que habían sido intervenidos judicialmente y que dio pie a la apertura de diligencias por supuesta prevaricación contra ellos tres y como acusados de cohecho contra un funcionario de Justicia, O.M., y un depositario.

De la 'número 2' del PP, de María Dolores Pastilla y de Antonio Díaz, que dimitió en base a "razones de coherencia personal" tras ser citado a declarar en calidad de investigado, el escrito del Ministerio Público apunta que "constándoles previamente el estado de abandono de esos vehiculos y la respuesta al respecto del responsable de la Gerencia Territorial de Justicia".

También añade que "iniciaron el expediente administrativo sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos legalmente previsto sin que pueda inferirse de su conducta el conocimiento y la conciencia deliberada de que iban a proceder a destruir vehiculos que habian sido objeto de intervención judicial".

"No es posible, a la vista de los acontecimientos que rodearon a la gestion llevada a cabo por los distintos organismos involucrados sobre el tratamiento de los vehiculos depositados", razona, "construir una prueba directa o indiciaria que pennita acreditar el investigado tuviera la conciencia de la arbitrariedad o injusticia del acuerdo que adoptó y que de forma consciente y deliberada se apartara de las ordenaciones legales y normativas que rigen las decisiones o actividades administrativas".

Varios depositarios, entiende la Fiscalía, sí "pudieran haber incumplido sus obligaciones de vigilancia, control y cuidado sobre los bienes embargados, obligaciones propias de su condición de depositario" que sin embargo "no puede equivaler al comportamiento tipico de la autoridad o funcionario público", por lo que se diluye la posible prevaricación hasta para el empleado público, que podría no haber sido más que "un eslabón más" en una "cadena de despropósitos".

La Fiscalía ve "base probatoria suficiente" para realizar una acusación formal frente a O.M.P. y el depositario J.A.H.T. por la presunta comisión de un delito de cohecho y el sobreseimiento de la causa respecto del resto de los investigados "por considerar que no queda debidamente justificada su participación en el delito de prevaricaci6n y malversacion impropia que se venia investigando".

Supuestamente el funcionario "pidió diversos pagos de dinero con el fin de nombrarle depositario o de que a su depósito llegaran más vehiculos que al resto". El empresario habría accedido de acuerdo con las prueas existentes en forma de extractos bancarios y declaraciones del propio investigado y dos testigos.