Desde el inicio del conflicto sirio se han desplazado a ese país “un total de 223 individuos con nacionalidad española o residencia legal en España, de los que unos 135 permanecerían desplazados en Siria o Irak”. Siempre según el Ministerio del Interior, “del total de personas que se contabiliza que han abandonado España, habrían retornado 37, de éstas, únicamente 22 se encontrarían en España, en prisión [“gran parte”] o en libertad”.

Aunque son una especie extraña, el Gobierno de Mariano Rajoy habla de los Grupos Locales contra la Radicalización Violenta como si fueran una realidad extendida. En su respuesta a una interpelación del senador vasco Jon Iñarritu sobre el seguimiento a las personas que salieron de España con supuestas motivaciones yihadistas en dirección a Siria o Irak, este mes ha asegurado que “son integrales y de carácter multidisciplinar y se hallan representados todos los ámbitos desde los que se previene la Radicalización Violenta”.

“Son los responsables de hacer frente a los fenómenos que se detecten en su ámbito geográfico, y por tanto, de su prevención”, ha añadido el Ejecutivo central, que incluso les ha atribuido la “responsabilidad” de “los esfuerzos a realizar en la ‘vuelta a la normalidad’ de los procesos violentos que hayan sucedido, y por tanto, de su proceso de desradicalización”.