TRES PRESUNTOS DELITOS

Investigan los 60.000 euros de un colegio gastados sin necesidad y a cambio de "contraprestaciones"

Investigan los 60.000 euros de un colegio gastados sin necesidad y a cambio de "contraprestaciones"
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

La Sección VI Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Cádiz ha mandado seguir por los trámites previstos en la Ley del Jurado las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 por la comisión de supuestos delitos de malversación, cohecho y falsedad documental por parte de una persona que, desde la Secretaría de un centro escolar público local, gastó miles de euros en cosas aprentemente innecesarias mientras recibía "contraprestaciones".

El caso fue iniciado en 2016 en virtud de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, que recurrió (con éxito) el auto dictado en febrero por el Juzgado para cerrrar la instrucción y continuar el proceso por el trámite del Procedimiento Abreviado.

Según fuentes judiciales y educativa, la causa intenta esclarecer si la persona investigada compró fluorescentes de diversos tamaños, cartuchos para impresoras y material de limpieza “sin conocimiento del resto de responsables del colegio” y “sin que fuesen necesarios para atender las necesidades del centro educativo” por una cantidad global que no ha sido determinada exactamente pero que “podría alcanzar los 60.000 euros”.

Las diligencias también pretenden aclarar si a cambio de ello recibió “diversas contraprestaciones” tales como relojes y tarjetas-regalo de una conocida gran superficie comercial de implantación nacional. Además, y presuntamente con la intención de ocultar esas acciones, la persona investigada habría remitido a la Ciudad Autónoma de Ceuta diversas misivas que intentaba hacer pasar por auténticas y oficiales del centro, para lo que aprovechaba la firma escaneada del director del mismo ya que se encontraba en los ordenadores que se usaban.

La Fiscalía recurrió alegando, por un lado, que quedan diligencias por practicar. En 2017, por ejemplo, solicitó que se tomara declaración a los representantes legales de las empresas contratantes en calidad de investigadas “sin que se haya realizado dicha diligencia ni se haya acordado si procede o no su práctica”.Tampoco se ha efectuado la declaración del representante legal del AMPA o, al menos, no aparece acreditada, ni se ha realizado un informe pericial contable del material inventariado.

Por otra parte argumentó que dada la naturaleza de los hechos imputados el cauce legal adecuado es el procedimiento del Tribunal del Jurado y reclamó la transformación del procedimiento una vez se practiquen las diligencias referidas anteriormente. La Audiencia le ha dado la razón y posteriormente, “en su caso y de acuerdo con lo previsto” en la Ley del Tribunal del Jurado, se practicarán “las diligencias que resulten pertinentes a solicitud de las partes o decididas de oficio.