GUARDIA CIVIL

Investigan posibles delitos de atentado o daños en el último salto, que ha dejado 4 guardias de baja

Investigan posibles delitos de atentado o daños en el último salto, que ha dejado 4 guardias de baja
Imagen de archivo.
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“Al menos cuatro” de los once guardias civiles que este viernes recibieron asistencia sanitaria tras intentar repeler la entrada en grupo de unas 250 personas indocumentadas a primera hora de la mañana en el extremo norte del perímetro fronterizo de Ceuta han sido dados de baja médica para el servicio, según han indicado este sábado fuentes de la Benemérita.

Los partes del suceso recogen que algunos de los migrantes, 155 de los cuales consiguieron acceder a territorio español, utilizaron cócteles con “ácido de baterías, heces y orines” para espantar a los funcionarios del Instituto Armado, que terminaron en una clínica del centro de la ciudad autónoma y no tuvieron que ser trasladados en ningún caso al Hospital Universitario local.

La Guardia Civil ha abierto una investigación con el fin de intentar identificar a los inmigrantes irregulares contra los que pudiera instruirse, en su caso, alguna causa judicial penal similar a la que mantiene pendientes de fecha de juicio oral a nueve residentes en el CETI de Ceuta para los que la Fiscalía pide ocho años de cárcel por supuestos delitos de desórdenes públicos o atentado y daños durante la entrada en grupo de 602 indocumentados el 26 de julio de 2018.

Entonces tuvo lugar, de acuerdo con el relato fáctico del Ministerio Público, “una actuación previamente planeada y organizada, con preparación anticipada de objetos e instrumentos peligrosos como hierros, cizallas, lanzallamas en spray, piedras y botes con cal viva y heces”.

Esta viernes las circunstancias del salto han sido “menos violentas”, según han reconocido fuentes de la Delegación del Gobierno, pese al uso de “palos, piedras y patadas” para forzar la incursión, que también dejó daños materiales en dependencias de la Benemérita. Ocho de los varones de origen subsahariano participantes quedaron encaramados en el doble vallado del espigón marítimo de Benzú y fueron devueltos a Marruecos una vez en tierra.

La asociación 'Elín' ha denunciado este sábado que “les hicieron descender a territorio español uno a uno en una grúa y fueron expulsados de manera automática al lado marroquí, una práctica que consideramos irregular en base a la legislación internacional e injustificable según el derecho humanitario sin saber si serán perseguidos por su orientación sexual, identidad de género, motivos políticos o cualquier otra circunstancia recogida en el Estatuto de los Refugiados”.

“Como entidad defensora de los Derechos Humanos pedimos coherencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que criticaba ante anterior Ejecutivo por estas devoluciones que se comprometió a eliminar y que se siguen produciendo en Ceuta y Melilla desde hace más de una década con total impunidad causando daños irreversibles”, ha reivindicado.

La Policía Nacional ha comenzado ha instruir los expedientes sobre la situación administrativa en España de los 155 extranjeros que se han quedado en la ciudad autónoma albergados en el CETI, algunos de los cuales han formalizado peticiones de protección internacional, según ha adelantado el diario 'El Faro'.

La frontera terrestre de Ceuta no registraba ningún intento masivo de salto en grupo desde el 22 de agosto de 2018, cuando 116 migrantes consiguieron superarlo y acceder a territorio español. Al día siguiente, aplicando un Tratado de 1992, el Estado los devolvió a Marruecos. Ninguna de las fuentes gubernamentales consultadas ha descartado que esta vez se vaya a implementar un procedimiento similar y han recordado que el texto de referencia establece que la solicitud de readmisión puede ser presentada “en los diez días posteriores a la entrada ilegal”.