LA PERICIAL DEL COACE, CLAVE

La jurídico de Fomento defiende en el Juzgado que la reforma de Gran Vía es "obra ordinaria"

La jurídico de Fomento defiende en el Juzgado que la reforma de Gran Vía es "obra ordinaria"
Dos trabajadores, en la obra de la Gran Vía.
Dos trabajadores, en la obra de la Gran Vía.  

La jurídico de Fomento, Aurora Visiedo, experta en Derecho Urbanístico y técnico de la Administración General de la Ciudad adscrita a esa Consejería desde 2004, ha defendido como testigo en el Juzgado esta semana que la reforma de Gran Vía, Jáudenes y Plaza de África es, pese a peatonalizar dos vías, una "obra ordinaria" y que, por lo tanto, como hizo el Gobierno de Vivas, podía llevarse por la vía rápida y sin exposición pública.

La técnico ha explicado que si no hizo ninguna advertencia al respecto, como remarcó en sede judicial el técnico que avaló con su firma la tramitación exprés denunciada por Caballas, Jesús Gentil, fue porque efectivamente cree que se trata de una obra “ordinaria” que no precisaba, por tanto, de más trámites que los realizados, según han indicado fuentes conocedoras de la evolución de las diligencias.

El siguiente citado, también como testigo (Gentil fue como imputado), es el arquitecto responsable del proyecto, Ángel Moreno, de Procesa, que también estará como Visedo obligado a decir verdad.

En paralelo, una colegiada del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (COACE) ha sido designada para elaborar el informe pericial que se presume será clave para determinar si el ‘caso Gran Vía’ tiene recorrido o es archivado de nuevo por el Juzgado.

La Audiencia Provincial mandó en noviembre continuar diligencias por si pudiera haberse cometido un presunto delito contra la Ordenación del Territorio en conexión con prevaricación y no limitarse al mero sobreseimiento de la denuncia de la formación localista.

Para la Audiencia “no es posible excluir del relato de los hechos la responsabilidad penal o la existencia de delito, no solo de los responsables políticos a los que pudiera referirse sino de los funcionarios públicos que hubieran intervenido en la emisión de los correspondientes informes”.