La Justicia no encuentra a Márquez para aclarar el pago de 210.000 euros a ACC entre 2009 y 2011

El ex diputado nacional por Ceuta y ex consejero de Hacienda, Francisco Márquez, no aparece. Ni la Justicia da con él. Este martes tendría que haber comparecido para intentar aclarar en sede judicial si hay o no algún responsable de ilícito penal por el pago de 210.000 euros a la empresa Africana de Contratas y Construcciones (ACC) pero no lo ha hecho porque no se da con su domicilio para notificarle la citación, según han informado fuentes judiciales a Ceutaldia.com.

Quien sí ha declarado en el marco de unas diligencias abiertas hace ya más de dos años y medio tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por parte del por aquel entonces líder del PSOE, José Antonio Carracao, ha sido el administrador único de la compañía, Moisés Wahnon, cuyo testimonio se presupone clave para dilucidar quién encargó a su empresa desde el Gobierno de Ceuta, supuestamente “a sabiendas de que no se respetaba el procedimiento de contratación legalmente previsto”, trabajos de mantenimiento en el cementerio de Santa Catalina.

Tras salir de la candidatura del PP a las penúltimas elecciones generales, cuando Vivas decidió reemplazarle por Juan Bravo, el perfil de Márquez, teniente coronel, en Linkedin le sitúa actualmente como "analista principal" del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), que es "el principal centro docente militar conjunto de las Fuerzas Armadas españolas". A finales de enero firmó un estudio sobre "la reciente elección de Antonio Guterres como nuevo secretario general de Naciones Unidas" y "los nuevos vientos que soplan desde Washington" que "traen de nuevo a la actualidad la tan esperada reforma de la Organización".

ACC cobró 21 facturas de 10.000 euros cada una en concepto de 'Mantenimiento cementerio de Santa Catalina' en 2009, 2010 y 2011, aunque por el Negociado de Contratación nunca pasó expediente alguno de adjudicación de los trabajos, según certificó en 2013.

Al Negociado de Patrimonio le “llamó la atención” al pronunciarse sobre la actualización del Inventario de Bienes que el Consejo de Gobierno aprobó hace tres años a propuesta del viceconsejero de Vivienda y Rehabilitación, Manuel Carlos Blasco, que la adjudicación de esa inversión “no se llevó a cabo a través de la Oficina de Contratación, encargada de tramitar los contratos mayores de obras, servicios y suministros”.

En 2012, el encargado del camposanto y la por aquel entonces vicepresidenta Primera de la Asamblea, Adela Nieto (que no se hizo cargo de las competencias en cementerios hasta el verano de 2011), reconocieron que “el trabajo se realizó desde noviembre de 2009 hasta julio de 2011 por la urgente necesidad del servicio ante la gran modificación del cementerio por las exhumaciones en número aproximado de 1.500, prolongadas en el tiempo por la declaración de ruina inminente que existía en los patios segundo y tercero, habiéndose demolido alrededor de 2.000 unidades de enterramiento”.

“Las facturas fueron pagadas”, alertó Carracao en su denuncia, “toda vez que no existía ninguna relación contractual en virtud de los procedimientos legalmente establecidos, a través de un reconocimiento extrajudicial de deuda dentro del Plan de Pago a Proveedores Estatal al que se acogió el Gobierno” de Vivas.

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