URBANISMO

La torre del Príncipe se queda

La torre del Príncipe se queda
Imagen del edificio desde el fortín del Príncipe.
Imagen del edificio desde el fortín del Príncipe.  

Neymar no pero la torre de siete plantas del Príncipe que la Consejería de Fomento encargó formalmente a Tragsa demoler en abril se queda. Al menos de momento. Lo último que había comentado el Gobierno de Vivas era que la empresa pública y la Policía estaban buscando soluciones técnicas y de seguridad para acometer la encomienda, que se presumía difícil por ambos lados, pero resulta que cuando los técnicos han llegado a ver cómo echar el 'rascacielos' ilegal abajo se han encontrado con que ya está habitado.

Según las fuentes conocedoras de la evolución del caso consultadas por Ceutaldia.com, el hecho de que el edificio ya esté poblado pone el contador a cero. Esto es, para pensar siquiera en la demolición es necesario, antes, tramitar el desalojo del inmueble por los cauces correspondientes, judiciales. Este medio ha preguntado en los Juzgados y los último que se sabe del asunto es que ni siquiera se pudo, nunca, identificar al promotor de la obra.

En agosto se cumplirán tres años desde que la Policía Local denunció la ejecución de obras ilegales enfrente del Poblado Legionario, en el mero centro del Príncipe. Hubo profusión de Decretos a cual más inútil, como demostró la evolución imparable y creciente del edificio, que durante los últimos meses ha visto cómo se acristalaba su ático mientras parte del vecindario ya daba por hecho que, a casa hecha, no faltarían inquilinos.

Desde 2015 la Ciudad Autónoma no ha sido capaz de acreditar al promotor o dueño del edificio aunque este, dicen, ha hecho sus gestiones en la Asamblea para defender la obra. Su devenir histórico es la crónica de la impotencia de una Administración: en enero de 2016 el Gobierno decidió dar cuenta los hechos a la Fiscalía pero en marzo las obras seguían avanzado pese a las medidas cautelares ordenadas, incluso por el Juzgado de Instrucción número 1.  “Ha sido precintada en varias ocasiones, rompiéndose el precinto en cuestión y retomando los trabajos en la zona”, alertaron los agentes. En agosto, el Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa.

En octubre, la Consejería mandó  la “inmediata” suspensión o paralización “de las obras que ilegalmente se están ejecutando” en la ‘torre’ del Príncipe Alfonso y cifró el presupuesto de demolición de las mismas en 36.464,85 euros para proceder a su ejecución en el plazo de noventa días. Ante la “situación de la situación de grave peligro para las personas generada por la referida obra no legalizable” y “al objeto de proteger la seguridad e integridad física de las mismas” se ordenaron varias medidas cautelares más como proteger el inmueble con una red de poliamida “en todas y cada una de las fachadas del edificio”; la ejecución de una fábrica de bloque de hormigón en el acerado “para impedir el paso de los peatones bajo la vertical de la fachada principal a la calle Central” y la instalación de barandillas “en la planta séptima y castillete, ya que se encuentran sin carpintería”.

Todo ello tenía que acometerse en no más de quince días. A la Policía Local se encargó “vigilancia continuada de las mencionadas obras para garantizar la total interrupción de la actividad hasta tanto se proceda a la completa demolición de lo indebidamente ejecutado”. El pasado 14 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, en el auto 502/2017, autorizó la entrada en la obra "para llevar a cabo la forzosa ejecución de demolición". Dicha entrada deberá llevarse a efecto en el plazo de seis meses a partir de la comunicación de la resolución. En marzo de este mismo año, la Policía Local volvió a constatar que seguía la actividad ilegal. Después se ocupó.

Si el Gobierno de la Ciudad no es capaz de conseguir el desalojo del edificio, la encomienda a Tragsa para su demolición por cerca de 300.000 euros en un plazo de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo será agua de borrajas.