Los tres ciudadanos españoles detenidos este martes en el entorno de la frontera por manifestarse reclamando poder portear mercancías hacia Marruecos como los ciudadanos del país vecino que se dedican a ese 'comercio atípico' que pese a considerarlo contrabando el Reino alauita ha venido consintiendo como una suerte de economía de subsistencia pero al que cada vez pone más reparos ya se efectúe a pie, en coche o, la última tendencia, en motos.

Los arrestados por la Guardia Civil, que posteriormente fueron puestos en libertad, han pasado este miércoles por los Juzgados pero se han negado a declarar, por lo que irán a juicio por la vía penal acusados de un presunto delito de desórdenes públicos. Según han explicado fuentes judiciales, dos tienen antecedentes.

El Código Penal prevé penas de entre seis meses y tres años de prisión para "quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo".