SE ATRIBUYE LAS EXPULSIONES
Nuria Vandenberghe se alía con IGC y ASP para presentarse como acusación popular contra los inmigrantes detenidos
28 agosto 2018 16:21 h.
El bufete de abogados de Nuria Gutiérrez de Madariaga, letrada y columnista ultra conservadora también conocida como Nuria Vandenberghe, presentó por su cuenta y riesgo el pasado mes de julio una denuncia contra los 602 migrantes subsaharianos que accedieron a Ceuta por el vallado fronterizo el pasado 26 de julio al entender que son una organización criminal y que incurrieron en delito al agredir a la Guardia Civil en su entrada. Una demanda que desestimo la Justicia recomendándose que se presentara como acusación popular, un paso que ha dado ya sumándose además dos asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil: la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), y Alternativa Sindical de Policía. Este último martes de agosto, la abogada y los representantes de IGC, Joaquín Parra y de ASP, Víctor Manuel Donato, han explicado en el Parador sus razones para presentar la querella como acusación popular.
Parra ha explicado que las últimas detenciones de inmigrantes y la expulsión exprés de los 116 que entraron de forma violenta el pasado 22 de agosto cambia sus planes al hacer innecesaria su denuncia. Una expulsión unas detenciones que no dejan de sorprender al representante de IGC al coincidir con sus argumentos y con la denuncia que Gutiérrez de Madariaga presentó “por su cuenta”. Así y todo se ofrecen para colaborar con el Ministerio de Interior “para no hacer cada uno la guerra por su cuenta”.
Vanderberghe se atribuye la expulsión y detención de inmigrantes
Madariaga recuerda que el juez, “un estudioso”, desestimó la denuncia al entender que era más propia de una acción popular, “pero lo que yo quería era ahorrarme la fianza”. Madariaga (o Vanderbergue en su faceta de columnista y agitadora de ultraderecha) explica que “una persona sola” no puede emprender una batalla legal contra los inmigrantes y por ello necesita el respaldo “de la Guardia Civil”, o al menos de la asociación IGC. Juntos han “aunado intereses, los míos como ciudadana y como madre y como jurista y el de la Guardia Civil, simplemente estamos defendiendo la legalidad”.
La abogada insiste en que son una organización criminal y así se les debe tratar, como se hace en el Campo de Gibraltar, donde ejerce la defensa de acusados de narcotráfico. La misma jurisprudencia que pretende que se aplique en los casos de saltos a la valla: “Cogen a un grupo muy alto hay tres auténticos, el resto son amigos, vecinos y familiares de primer, segundo o tercer grado, e inmediatamente si más de do personas se ponen de común acuerdo para un acto delictivo es una banda o una organización criminal, en este tema sí que lo son porque estaban perfectamente coordinados y de común acuerdo entre ellos (…) Y todos realizaron el acometimiento, que esa es la esencia del atentado”, sentencia, “Lógicamente habrá autores, coautores y cómplices pero siempre dentro de una banda”.
