El papel de 'Conciencia Libre' como acusación popular para las testificales de Martínez y Román


El papel de 'Conciencia Libre' como acusación popular para las testificales de Martínez y Román

- El presidente de la asociación denunciante, Luis María Fernández, debe ratificar su acusación y certificar que cumple los requisitos establecidos para desempeñar esa figura (fianza, condenas previas...)

- El senador, la consejera y el interventor no han declarado como testigo voluntario e investigados, respectivamente

El senador Guillermo Martínez; la consejera de Hacienda, Susana Román; y el interventor de la Ciudad no han prestado declaración finalmente este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta por los pagos de publicidad institucional a 'Ceuta TV' efectuados entre 2012 y 2015.

Según han informado fuentes judiciales, el denunciante, Luis María Fernández como presidente de 'Conciencia Libre', no ha ratificado su iniciativa, como es preceptivo, y debe acreditar que cumple con los requisitos establecidos para ejercer la acusación popular.

La Constitución y la legislación vigente permite que cualquier español, sin que haya sido ofendido por el delito, ejercite la acción penal con salvedades (hay que gozar en plenitud de los derechos civiles, no haber sido condenado dos veces por sentencia firme como autores del delito de denuncia o querella calumniosa, no ser jueces y magistrados, los cónyuges entre sí...). El delito en cuestión debe ser público y el juez, fijar una fianza que por su "inadecuación" no impida el ejercicio.

El ex subdirector de Menores de la Ciudad Autónoma, que ha sido condenado por injurias y amenazas sobre Martínez en segunda instancia, no ha comparecido en sede judicial cuando había sido citado, antes que los dos llamados en calidad de testigo voluntario (el senador como aforado que es) y de investigados, y en su lugar lo ha hecho un letrado.

Martínez, Román y el interventor han abandonado los Juzgados sin nueva fecha para declarar a la espera de que se cumplimente el trámite previo relativo a la acusación popular.

Las diligencias se refieren al mismo asunto que está, en paralelo, revisando el Tribunal de Cuentas a instancias de 'El Faro': los pagos de publicidad a la empresa editora de 'Ceuta TV' desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) notificó la estimación total del recurso presentado por el periódico contra una sentencia del Contencioso-Administrativo local por la licencia de emisión en TDT.

A pesar de la sentencia, 'Ceuta TV' siguió emitiendo hasta que el año pasado el Gobierno de Vivas le apagó el canal. Desde 2012 hasta 2015, el Ejecutivo no ejecutó la resolución judicial y siguió contratando y pagando publicidad, en concreto 786.342,82 euros, según la denuncia de 'El Faro', que atisbó unos abonos “a sabiendas por ambas partes de que era absolutamente improcedente el pago por contravenir directamente lo decidido en sentencia firme". En mayo, Vivas se mostró convencido de que sus consejeros siempre habían actuado "de manera correcta".

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