La perito judicial encargada de emitir una opinión técnica que se presume será clave para el desenlace del 'caso Gran Vía', abierto en febrero del año pasado después de que Caballas actuase por la vía Penal contra la gestión que hizo el Gobierno de Vivas de esas obras, evitando su exposición pública y cumplimentando una tramitación exprés, se ha alineado con las tesis del Ejecutivo local: las obras eran "ordinarias" y no hubo vulneración, por tanto, ni del PERI de Sánchez-Prados ni del PGOU.

El informe apunta que “es un proyecto técnico que engloba las obras necesarias para la reforma, conservación, reposición de instalaciones existentes y ejecución de otras actuaciones provisionales o no, en suelo urbano propiedad de la Ciudad Autónoma sin que su redacción la deba asumir la iniciativa privada”. “La redacción corre a cargo de la Ciudad como promotor de las mismas, según la memoria del proyecto, por lo que no hay una distribución de cargas y beneficios de los costes que conllevan las mismas", razona, "sino que todo es a cargo público".

"Es por ello”, remacha, “que queda justificado el carácter de obras ordinarias” y no de proyecto de urbanización, en cuyo caso hubiese hecho falta un trámite de exposición pública y otros que hubiesen dilatado su aprobación y encargo a Tragsa, que en principio se comprometió a terminar los trabajos en marzo pasado, algo que finalmente no hará hasta noviembre si se cumplen las últimas previsiones.

La colegiada número 35 del COACE, Noelia Beltrán, ha dictaminado en base a toda la documentación analizada el proyecto fue correctamente tramitado como “de obras ordinarias y otras actuaciones urbanísticas”, por lo que no era necesaria “la aprobación inicial por órgano componente ni la exposición pública” que había reivindicado el propio Colegio de Arquitectos. “A la pregunta de si las obras contravienen expresamente el PGOU en los términos que expresa la denuncia”, plantea, la respuesta es que no.

Desde su punto de vista, el jardín vertical que se proponía instalar al principio de la Gran Vía tenía “carácter provisional, estando permitido dicho uso por las Normas Urbanísticas”; y que la “escultura ornamental mediante pórticos de arcos de medio punto” que enmarcará los restos del convento de los Trinitarios enfrente de la Asamblea “no contraviene el PGOU ni el PERI de la Gran Vía”.

Su pericial también apunta que la peatonalización de dos calles, Pepe Durán y Valentín Cabillas, se plantea “en un solo sentido de circulación a modo de rotonda”, por lo que “no impide la circulación de los coches ni el uso exclusivo peatonal, por lo que las obras en este aspecto no contravienen el PGOU”.

No obstante, reconoce que en la memoria descriptiva del proyecto se daba pie a “una interpretación errónea”. En la memoria descriptiva se contempla “la reforma de la calle Valentín Cabillas y la calle O’Donnell” y “la peatonalización de las calles Valentín Cabillas y Pepe Durán”, mientras que en la constructiva se precisaba que se trataba de “limitar a un solo carril de circulación actuando la plaza a modo de rotonda sin expresar unilateralmente el uso exclusivo peatonal de esas calles”.

Sobre si el arquitecto Jesús Gentil, que declaró como investigado, podría haber obrado en contra de lo estipulado en el PGOU informando favorablemente el proyecto de obras ordinarias, la pericial también considera que no, pues hizo una “actuación diligente”.

Caballas denunció la actuación del Ejecutivo local en febrero del año pasado y en una semana la titular del Juzgado de Instrucción número 2 ordenó el sobreseimiento libre al no apreciar relevancia penal en esas supuestas irregularidades, que en todo caso, a su juicio, deberían encauzarse por la vía contencioso-administrativa. En noviembre, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por la coalición y revocó el archivo, ordenando “continuar la tramitación de la instrucción”, que siguió con la toma de testificales y la práctica de otras pruebas.