Los jueces de Ceuta parecen haber decidido resolver por la vía rápida los casos con visos de "judicialización de la política", el fenómeno que "preocupa" al TSJA. El titular del número 5 de Instrucción ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia de UGT y CCOO en nombre del Comité de Empresa de Trace contra Vivas y Carreira por la gestión de la encomienda de limpieza pública a Tragsa del verano pasado.

No le ve futuro penal el juez, que deja "subsistente" la Contenciosa "para que los denunciantes puedan hacer valer su derecho legítimo". También cabe recurso de reforma en tres días o de apelación en cinco.

A ojos del juez, "no habiéndose apreciado conducta prevaricadora, menos aún puede hablarse de ninguna malversación de fondos públicos porque en el conjunto documental se acreditan los distintos trabajos desarrollados y justificados por el importe total de la encomienda, 1,5 millones de euros".

Según el auto de archivo, "aun cuando hipotéticamente pueda pensarse que la encomienda de gestión a TRAGSA adolezca de vicios o defectos de forma, nada impide a los denunciantes hacer uso del planteamiento de nulidad de la Ley de Contratos del Sector Público [...], algo que evidentemente no se ha hecho acudiendo a la vía penal cuando ésta debería ser la última ratio antes de resolver asuntos con un carácter eminentemente administrativo o por qué no decirlo, político".

Explícitamente lamenta que ello "desemboca sin dudas en una 'judicialización de la política' innecesaria e inútil", máxime cuando "tampoco se acredita que los denunciantes hicieran uso de la posibilidad de recabar mensualmente del Director de la actuación el desarrollo de los trabajos encomendados, en base al artículo 4.6 del citado tantas veces Real Decreto".

"Dicen los denunciantes que la encomienda de gestión no respeta la asignación de obras y servicios recogidos expresamente en el expediente porque sus trabajadores realizan los mismos servicios y obras que las encomendadas a TRACE, es decir, la Ciudad paga dos veces por el mismo servicio", argumenta el juez, que advierte que "las fotografías aportadas poco acreditan a este respecto toda vez que no están fechadas desconociendo saber el lugar donde se tomaron incluso dudando si fueron tomadas en esta ciudad o en cualquier otra".

"No queda constancia", razona, "que los empleados de TRAGSA hayan venido desarrollando la prestación de servicios más allá de lo que ha sido el objeto la encomienda de gestión".

Además, concluye que "aun cuando del conjunto documental aportado por la defensa del ex consejero de Medio Ambiente de esta Ciudad se pueda leer que la aprobación definitiva de la adquisición de una acción de TRAGSA acaeció el 28 de julio de 2017, tiempo después a su publicación en el DOCE, este instructor entiende que la actuación no merece ser calificada de conducta prevaricadora por entender que no supone vulneración alguna" de la jurisprudencia ni de la legislación administrativa.