Tres años después de que Juan Vivas rompiese su política de promover dimisiones, como hizo con Pedro Gordillo o Carolina Pérez, en lugar de firmar ceses, algo que sólo ha hecho con José Antonio Rodríguez Gómez, el que fuera consejero de Gobernación vuelve al primer plano de la actualidad como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, el mismo que los Juzgados de Instrucción de la ciudad autónoma creen que pudiera haber cometido, de acuerdo con las diligencias previas incoadas, por el también ex titular del departamento de Fomento, Juan Manuel Doncel, ahora gerente de la GIUCE.
El proceso, que según fuentes judiciales ya ha superado una petición de sobreseimiento de las defensas de los ex miembros del Ejecutivo de Vivas que recibió un informe negativo de la Fiscalía, espera durante las próximas semanas la declaración del interventor de la Asamblea como testigo-perito.
El camino judicial que ha derivado en la imputación de Rodríguez y Doncel (que en 2010 pasó por el mismo trance, por los presuntos delitos de prevaricación y delito contra el medio ambiente, por ignorar la normativa contra el ruido) ha sido largo e intrincado. En octubre de 2010, la coalición Caballas puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas la existencia de “una serie de adjudicaciones de contratos” encargados durante varios años para el Área de Gobernación a un empresario “que podrían encontrarse fuera de cualquier procedimiento licitador reglamentario”.
De esta forma los localistas aludían a los más de 30 contratos de suministro realizados por el ex consejero de Gobernación (su homólogo de Fomento también firmó "alguno") “siempre con las mismas dos empresas y siempre por debajo de 3.000 euros para tramitarlos como un contrato menor”. La coalición recogía así el guante lanzado por los sindicatos a través de una carta en la que UGT, CCOO y CSI.F denunciaban una serie de obras comprometidas (ampliación de gimnasio, área de descanso y sala de transmisiones) que no habían sido ni tan siquiera iniciadas pese a los diferentes expedientes de contratación tramitados al efecto.
Hasta Vivas reconoció en su momento que la misiva sindical había despertado “dudas” sobre la gestión de Rodríguez, que fue destituido de forma fulminante. Los informes técnicos internos sobre la cuestión aludieron a supuestas “irregularidades administrativas” a las que Caballas dio poca credibilidad porque habían sido “redactados por parte afectada en este entramado asunto”.
El Tribunal de Cuentas no encontró, al analizar la documentación que le envió Caballas, irregularidades contables, pero apreció la existencia de indicios de infracciones penales, por lo que decidió poner el asunto en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que se tomó en serio el tema y lo derivó, a su vez, al Ministerio Público en la ciudad autónoma, de cuya actuación nacen las diligencias abiertas contra Rodríguez Gómez y Doncel.
El artículo 404 del Código Penal establece que a la autoridad o funcionario público que, “a sabiendas de su injusticia”, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo “se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
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