La SAREB pidió auxilio judicial hace una semana para desbloquear la subasta de Huerta Téllez

Imagen de recurso.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que adquirió por obligación legal los préstamos concedidos a las promotoras de las 206 viviendas protegidas de Huerta Téllez y el complejo residencial del Pasaje Fernández pero no es la dueña de las  casas, pidió el pasado 20 de septiembre "auxilio judicial" para que la Administración Concursal de la primera mercantil realizase cuanto antes un concurso o subasta con el objetivo de recuperar cuanto antes y en el mayor volumen posible el dinero invertido.

La Administración Concursal asegura, sin embargo, que el 19 de septiembre de 2016 se aprobó un plan de liquidación vigente "en el que expresamente se indica la forma de enajenar el activo de la concursal, entre el que se encuentra la promoción de Huerta Téllez", y defiende que su actuación está siendo "la habitual en un concurso de acreedores en período de liquidación".

La SAREB es "una acreedora más" de 'Vial Inmuebles', que entró en liquidación en 2012 como parte del Grupo Dolmen. Idéntico papel juega como propietaria de la deuda contraída por 'Invercap' para levantar los bloques del Pasaje Fernández aunque en este caso existe una diferencia "sustancial".

Mientras que 'Vial Inmuebles' está en liquidación, la segunda promotora sigue viva y ha suscrito un Plan de Dinamización de Ventas con la Sociedad de Gestión de Activos para intentar que haga caja y, a su vez, pueda pagar los préstamos que no ha devuelto, según han explicado fuentes de la SAREB a Ceutaldia.com.

Participada en un 55% por capital privado y en un 45% por capital público, la SAREB gestiona activos de las cuatro entidades financieras nacionalizadas (Bankia, Catalunya Banc,Banco Gallego y Banco de Valencia) y de otras en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012. Tiene 15 años para proceder a la desinversión de todos sus activos y dispone de ventajas legales que no aplican a otras sociedades anónimas como preferencia en el cobro de deuda subordinada frente a otros acreedores en las mismas condiciones.