El Tribunal de Cuentas (TCu) ha remitido a la Fiscalía de Área de Ceuta "para la incoación de diligencias de investigación penal" la denuncia formulada por la coalición Caballas en relación con la última compra por urgencia de chalecos antibalas para la Policía Local tramitada por la Consejería de Gobernación.

Los de Mohamed Ali remitieron el 27 de febrero al órgano fiscalizador el expediente de compra de 90 chalecos optando por la vía de emergencia y desistiendo del concurso público que se había abierto previamente. En su escrito, los localistas argumentaron que “la emergencia decretada por el presidente de la Ciudad no está suficientemente motivada ni justificada” porque, por un lado, “la Policía Local tiene suficientes chalecos en la actualidad para los agentes que prestan sus servicios en la vía pública” y, por otro, “no se ha producido ningún hecho relevante en el periodo que media entre el inicio del proceso ordinario y su anulación”.

Para los localistas en la documentación quedaba de manifiesto que la emergencia no era tal pero “parece muy claro que la actuación administrativa denunciada supone una clara vulneración de los principios que deben informar la contratación pública al suprimir la libre competencia y, con ello, impedir un más que probable abaratamiento del suministro, lo que constituye un quebranto para las arcas públicas”.

En su relato cronológico recordaron que la Ciudad ya adquirió 72 chalecos antibalas en 2011 y que en marzo del año pasado la Consejería de Gobernación desestimó la adquisición “urgente”, según el superintendente del Cuerpo, de otros 50 equipos de protección. En diciembre pasado se insistió en la necesidad de la compra y se abrió un nuevo expediente de concurso público que se abrió el 30 de enero y se paralizó el 3 de febrero, un día después de que Ángel Gómez así lo solicitase por escrito.

Vivas firmó el día 6 un Decreto aprobando la compra de 90 chalecos por la vía de emergencia por casi 59.000 euros a ‘Texyon S.L.’ y tres días después la Consejería de Hacienda acordó renunciar a la subasta, aunque ello no se dio a conocer hasta el 17, por lo que 7 empresas (una local y seis de la península entre las que no se encuentra la elegida como suministradora) presentaron sus ofertas.

El Gobierno de Ceuta siempre ha defendido que actuó "de buena fe", atendiendo a las reclamaciones del superintendente y de los agentes y movido por la elevación del nivel de alerta antiterrorista tras el atentado en 'Charlie Hebdo'.

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