AUDIENCIA PROVINCIAL

Torrado niega que "beneficiase" a Mahersa entre 2006 y 2012 y dice que "sólo miré por el interés general"

Torrado niega que "beneficiase" a Mahersa entre 2006 y 2012 y dice que "sólo miré por el interés general"
Torrado, este martes, durante el juicio.
Torrado, este martes, durante el juicio.  
Ocho años después de la primera querella y tras ocho horas de vista oral, la Audiencia Provincial deja visto para esntencia el 'caso Mahersa', por el que la Fiscalía y la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo piden 5 y 6 años de cárcel para el ex presidente del Puerto, que con la Abogacía del Estado como defensa alega que actuó cuidando "los servicios públicos" limitando tarifas y estableciendo "compensaciones" para la concesionaria.

Ocho años después de la presentación de la primera querella por parte de la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo y tras ocho horas de vista oral en la Audiencia Provincial, presidida esta vez por tres magistrados de Cádiz, el 'caso Mahersa' ha quedado visto para sentencia con el ex presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, como único enjuiciado. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel y la acusación particular, seis, así como una década de inhabilitación por la presunta comisión de sendos delitos de malversación y prevaricación. La Abogacía del Estado ha reclamado para él la absolución.

Con algunos agujeros negros, la Sala ha intentado diseccionar qué pasó entre la primavera de 2006, cuando el Puerto adjudicó a Mahersa la gestión de la dársena deportiva, y finales de 2012, el periodo durante el que la Autoridad Portuaria mantuvo un sistema de limitación de tarifas máximas que, a su vez, conllevó una "compensación" por un total de 1,4 millones de euros a favor de la empresa en concepto de tasas-canon que no tuvo que abonar, cantidad que ahora las acusaciones piden que resarza el propio Torrado.

La vista (durante la que ha dado tiempo a escuchar al ex presidente del Puerto; a la plana mayor de la Autoridad Portuaria y al presidente de la entidad denunciante, Ángel Pino, como testigos; y a dos peritos)  no ha arrojado cambios sustanciales en ninguna de las calificaciones iniciales.

"Yo siempre actué mirando por el interés general, que entiendo coaligado con la prestación del servicio público, incluso para atender peticiones de los usuarios del puerto deportivo", ha resumido Torrado

La Fiscalía ha tildado de "bastante amnésica" en su informe final la declaración de Torrado, al que sigue viendo penalmente responsable de la adopción de decisiones "arbitrarias" y con "desprecio por los intereses generales". La acusación particular le ha achacado un "frenesí compensador" sobre el que ha intentado esbozar una causa general de lo sucedido en el Puerto también en los años previos al periodo revisado, cuando supuestamente se cocinaron pliegos expresamente dirigidos a impedir que ninguna empresa compitiese con Mahersa por el negocio.

Según su versión, las condiciones estipuladas eran tan inviables que nadie más se presentó (el CAS, antiguo gestor, y Urbaser habían mostrado "interés"), pero una vez consumada la licitación se articularon mecanismos para aflorar beneficios con la "excusa" de sofocar el "clamor social" generado contra el incremento de tarifas que se avecinaba.

Torrado ha defendido que nunca tuvo más interés que "defender el interés general y mantener los servicios públicos" y que jamás quiso ayudar a ninguna empresa privada ni dar la concesión a nadie en particular. Solo Pino ha esbozado el interés político que a finales de 2006 podía existir, a meses de las elecciones, en que no se desatase una 'revuelta' con el PP como diana.

Seis "premisas erróneas"

Para la abogada del Estado, toda la imputación se basa en seis premisas "erróneas": que la concesión a Mahersa era ordinaria, que se modificó sustancialmente, que el presidente no tenía competencias para hacerlo, que adoptó resoluciones sin amparo legal, que se condonaron deudas y que la Autoridad Portuaria perdió dinero.

"Esta es una contienda administrativa", ha justificado su rechazo al enjuiciamiento penal la letrada de la defensa, que ha señalado a los usuarios del Puerto como meros partidarios de un sistema de "gratis total" que no encuentra acomodo en la legislación. "Sale más barato tener un barco en el puerto que un coche en un garaje", ha incidido Torrado en esa línea.

torrado juicio 2

Lo mismo ha dicho Torrado, que ha recordado que la dársena deportiva la gestionó entre 1995 y 2003 el CAS a través de "un convenio" que quedó fuera de la ley. Entonces asumió la gestión directa la Autoridad Portuaria, que supuestamente "perdía dinero" o como mínimo no ganaba nada haciendo esa labor, extremo corroborado por César López, Juan Miguel Morales y José María Carrasco, ya que al dar la concesión a Mahersa liberó fondos y personal dedicado a vigilancia y otras labores y, además, empezó a ingresar dinero.

A ojos de las acusaciones, el ex presidente no solo obró al margen de los procedimientos sino que también consintió que la empresa retirase 127 'fingers' para ganar 75 puestos de amarre "en su beneficio" y dio carta de naturaleza a la ejecución de construcciones fuera de ordenamiento urbanístico

La acusación entiende que ingresó mucho menos del que debería desde que Torrado impuso una limitación "global" de tarifas en el 13% por encima de las que facturaba la Autoridad Portuaria (supuestamente algunas se iban a elevar un 30%, aunque también es cierto que la de amarre ya tenía un techo del 10% en los pliegos del concurso) y, según su versión para salvar el equilibrio económico-financiero de la adjudicación, acordó compensaciones por "igual importe" para Mahersa.

A ojos de las acusaciones, el ex presidente no solo obró al margen de los procedimientos sino que también consintió que la empresa retirase 127 'fingers' para ganar 75 puestos de amarre "en su beneficio" y dio carta de naturaleza a la ejecución de construcciones que al menos la Asociación de Usuarios ve fuera del ordenamiento urbanístico.

A tenor de la insistencia de las partes, la clave del caso será cuál era la naturaleza legal de la concesión (si de gestión de obra pública o de servicios), si se cambió o no de forma apreciable en términos legales y no de mera ingeniería financiera y si las resoluciones dictadas por el presidente de la Autoridad Portuaria ("el órgano de contratación", han coincidido los testigos) tenía o no potestad para dictarlas sin el aval previo y no la "convalidación" posterior del Consejo.

"Yo siempre actué mirando por el interés general, que entiendo coaligado con la prestación del servicio público, incluso para atender peticiones de los usuarios del puerto deportivo", ha resumido Torrado, que también ha defendido como un "imperativo legal" la licitación de su gestión y que ha apelado a los efectos de un temporal de 2005 para justificar parte de las "compensaciones" aplicadas, "nunca para beneficiar a Mahersa". La abogada del Estado ha pedido que, en el peor de los casos, no se le imponga la responsabilidad civil de 1,4 millones de euros, ya que entiende que es un asunto sobre el que debe pronunciarse el Tribunal de Cuentas.