CON EFECTOS DESDE 2013

El TSJA da la razón a Cs y los funcionarios en el Gobierno local deberán devolver lo cobrado por residencia

El TSJA da la razón a Cs y los funcionarios en el Gobierno local deberán devolver lo cobrado por residencia
Varga, este martes, durante su comparecencia.
Varga, este martes, durante su comparecencia.  
Javier Varga calcula que el presidente, los consejeros y el resto de miembros del Ejecutivo funcionarios de carrera en servicios especiales que se han beneficiado desde 2013 de la base de ejecución que les permitía sumar a sus remuneraciones ordinarias el plus de residencia, entre 1.000 y 1.500 euros mensuales aproximadamente, tendrán que restituiresas cantidades a las arcas de la Ciudad. El Gobierno recurrirá en casación al Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo que hace tres años interpuso Ciudadanos contra el cobro por parte de los miembros del Gobierno de la Ciudad que son funcionarios en situación de servicios especiales de la indemnización por residencia, entre mil y 1.500 euros al mes, desde el presidente hasta varios de sus consejeros y la práctica totalidad de los directores generales de la Administración local.

Según la primera interpretación del veredicto, los afectados tendrían que devolver ese dinero con efecto retroactivo desde 2013 hasta ahora. El Gobierno local ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y fuentes de UGT han reclamado que "tal acción no debe hacerla el Ejecutivo, sino las personas señaladas con dinero de su bolsillo".

De momento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla ha declarado a contraria a derecho la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad que habilitaba a los vicepresidentes de la Asamblea, al presidente de la Ciudad, a consejeros, viceconsejeros, directores generales, jefe de Gabinete y subdirectores generales, si se trata de "funcionarios de carrera en situación de servicios especiales", para "percibir las retribuciones que les correspondan en concepto de antigüedad [sí respaldado por la legislación] y residencia".

"De lo que se trata", concreta la resolución del Tribunal, "es de fijar las retribuciones correspondientes no de funcionarios que se desplazan para ocupar sus destinos, sino de quienes de forma voluntaria consienten en participar en procesos electorales con objeto de formar parte de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta".

A su juicio, "para estos, su situación económica una vez electos, no puede diferir de la prevista en la legislación estatal aplicable al régimen local, en donde no se contempla efectivamente normativa que ampare que sea la Ciudad la que se haga cargo de las retribuciones originadas en otras Administraciones Públicas. Esto es, su régimen no puede ser distinto al del resto de corporaciones locales".

Según ha explicado el ex diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Varga, el TSJA considera que su percepción era y es contraria a la Ley de Bases de Régimen Local, máxime teniendo en cuenta que no existe base para sostenerla ni en el Estatuto ni en ningún desarrollo reglamentario propio de la Ciudad. “En lo no previsto en el Estatuto y en las normas que en su desarrollo dicte la ciudad de Ceuta, será de aplicación la legislación del Estado", recuerda la sentencia

Dado que el recurso se presentó en 2017, Ciudadanos interpreta que esos "pagos indebidos y reintegrables" deberán restituirse a las arcas municipales desde cuatro años atrás y desde entonces hasta ahora. Según la estimación realilzada por Varga, el montante total podría rondar el medio millón de euros y sería especialmente elevado en los casos de Vivas o la actual vicepresidenta de la Asamblea, Mabel Deu, que han permanecido en el Gobierno en esa situación todo ese periodo. "A la ciudadanía le va a resultar hasta económicamente rentable el paso de Cs por la Asamblea", ha deslizado.

Los obligados a devolver dinero serían los miembros del actual Gobierno, del anterior y del precedente con funcionarios en servicios especiales. En el momento de la presentación del recurso, además de Vivas había cuatro consejeros (los de Gobernación, Medio Ambiente, Presidencia y Educación, Jacob Hachuel, Emilio Carreira, Mabel Deu y Javier Celaya, respectivamente) y la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocío Salcedo, que compaginaban sus retribuciones como cargos políticos con esa indemnización.

Ahora estarían directamente afectados, sin contar directores generales, Vivas, Deu, Guerrero y Rontomé, aunque el Gobierno no paga el plus de residencia desde el 1 de enero a los primeros que son funcionarios de la Administración del Estado.

Para Ciudadanos, no obstante, lo "escandaloso" es que esos abonos "indebidos" se hayan prolongado "durante casi 20 años" sin que "ningún técnico" ni la Intervención ni la Secretaría General alertase de su irregularidad, algo que Varga vio "claro" desde el principio. "No queríamos llegar a esta situación: advertimos reiteradamente en el Pleno de la misma y solicitamos información a los órganos de control, pero tampoco se nos dio ninguna respuesta", ha lamentado.