Los dos diputados no adscritos en la Asamblea, Mari Carmen Vázquez y José María Rodríguez, han denunciado este lunes por presenta prevaricación a la Mesa Rectora de la Asamblea que forman Juan Vivas, Francisco José Ruiz y Cristina Pérez por vulnerar su derecho a la participación política como electos contra lo previsto en la legislación y el Reglamento de la Cámara autonómica.

En el escrito trasladado al Juzgado de Guardia se recuerda que los dos ex parlamentarios de Vox causaron baja en ese Grupo Parlamentario “por discrepancias y por las formas de llevar la acción política” en la institución el 27 de enero, justo después de conocerse los mensajes que supuestamente se cruzaban los integrantes de la Gestora comanda por Juan Sergio Redondo contra la “mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas” que a su juicio ha promovido Vivas hasta “negar la propia españolidad” de la ciudad hacia la “palestinización” de la ciudad.

El 17 de febrero ambos solicitaron por escrito su incorporación a las Comisiones de la Asamblea y a los Consejos de Administración de las empresas municipales “como fiel reflejo del derecho de participación de los diputados”. A 8 de junio “no han recibido comunicación ni se les deja participar, antes bien se les niega y en los Consejos se vota de forma ponderada y haciendo uso de sus votos por parte de la Mesa en favor de Vox”.

El 21 de mayo presentaron nuevos escritos “pidiendo que se cumpla el Reglamento de la Ciudad”, igualmente sin respuesta, a pesar de que la norma estipula desde hace dos años que “cuando se produjese la separación de su Grupo de un diputado, habrá que revisar, en el plazo de quince días, la composición y la asignación de los o las miembros a las Comisiones y a los órganos rectores de los entes y empresas de la Ciudad”.

Según la demanda se les está causando “un perjuicio grave tanto a ellos como a las personas que representan a través de su mandato, que son en definitiva las ciudadanos”, sin saber “a qué tipo de intereses políticos responde la falta de cumplimiento de la Ley” en un contexto en el que la mayoría del PP depende precisamente de Vox.

El escrito recuerda que según la jurisprudencia (de 2014) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un diputado no adscrito “no puede considerarse de peor condición que el resto”. A mayor abundamiento, el Constitucional concluyó en diciembre en el mismo sentido.

Vázquez y Rodríguez reclaman que se les otorguen “los derechos reconocidos en las leyes y aparados por el Tribunal Constitucional” para desarrollar su labor parlamentaria para no tener que “interponer las acciones legales o administrativas que les amparan para tutelar sus derechos” sin dejar de tener en cuenta que “toda esta conculcación de derechos puede revestir la consideración de infracción penal, ya que la Mesa Rectora no se puede escudar en que no tenía conocimiento, ya que en las anteriores legislaturas ya tuvieron un caso similar de una diputada [Fatima Hamed] a la que se le permitía presentar mociones de urgencia, preguntar, interpelar y participar en los órganos colegiados de la Ciudad”.

“La Mesa está infringiendo deliberada y conscientemente”, concluye la denuncia, “la aplicación de la ley que es fundamento y pilar de nuestra democrático y de Derecho”.