Villar, a García Gaona en mayo: "O estás con todo o no estás con todo, punto"

Villar y García Gaona, en una imagen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, de su hijo Gorka, y del vicepresidente económico de la entidad, Juan Padrón. En un auto, justifica medida ante la gravedad de los delitos -administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares- lo que pudiera llevarles a huir de la justicia, "máxime ante la gran capacidad económica de la que disponen", dice Pedraz, así como la posibilidad de obstrucción de la investigación, que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación hallada en los registros.

En el auto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Ceutaldia.com, se reseña que Villar "habría favorecido económicamente de manera singular" tanto a la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) como a la Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE) cobrando “esos favores” en forma de apoyo a su candidatura para la Presidencia a la RFEF.

A lo largo de 44 folios, el magistrado explica todos los hechos presuntamente delictivos que se atribuyen a los detenidos, cometidos en el ámbito de la RFEF presumiblemente con conocimiento y consentimiento de los principales dirigentes de esos organismos y "con la voluntad de enriquecerse y/o favorecer el enriquecimiento de terceros".

Según el juez, al menos desde 2009, Ángel María Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos, como la Fundación y la MUPRESFE, estableciendo lo que denomina un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares como en el presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas bien directamente o a través de familiares y mediante la obtención de determinadas contraprestaciones por dichas adjudicaciones, con incumplimiento de sus obligaciones como responsables de los fondos federativos y aprovechándose los puestos que ostentan".

El "favorecimiento" a la Territorial ceutí se concreta en hechos acontecidos en mayo pasado. El día 12, relata el auto, José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol y Vocal de la Junta Directiva de la RFEF, informó a Villar de que Antonio García Gaona era "reticente" a firmar una carta al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) advirtiendo a ese órgano de que puede cometer un delito de prevaricación si no actúa conforme a derecho, en relación a la apelación pendiente de resolución que afecta a la validez del proceso electoral.

Peláez indica que "está algo dolido" pero apostilla que "dos...dos millones novecientos mil euros....entregados pa hacer una feder allí...pues ya los quisiera yo pa mí... o sea ¡dolido no puede estar!". Villar se mostró "enfadado" y avanza que va a decirle al caballa 'Antonio, muy mal, eh, muy mal, me parece muy bien que hagas eso…pero no estés ya en el grupo, no quiero que estés en el grupo…te separas y punto...o está con todo o no está con todo, punto'.

Ese mismo día, Villar llamó a Gaona para abroncarle: 'Antonio, si haces caso a tu asesor jurídico, eeee, pues ¡te separas del grupo! (alza la voz) y tú verás lo que haces'. Peláez hizo saber después a Villar que el presidente de la FFCE enviaría el poder notarial necesario y el ahora encarcelado comentó:  'O sea, ha servido lo que le he dicho…', Peláez respondió: "Yo creo que lo ha entendido de puta madre”. 

La interpretación que hace la resolución judicial de esas conversaciones es que "la FFCE habría recibido casi tres millones de euros de la RFEF [para la nueva sede de El Morro] y Villar ejercería presión sobre el presidente: o suscribe la carta de advertencia al TAD o está fuera del grupo (refiriéndose al conjunto de presidentes de federaciones territoriales que le apoyan)". Aclara que "se ignora qué consecuencias tiene la pertenencia o exclusión del citado grupo, pero se entiende que lo que pretende es una acción de castigo contra García Gaona, una suerte de coacción que le obligue a reflexionar sobre su decisión y en su caso a cambiar su posición al respecto".