Que España fuese el primer estado que aprobó la Constitución Europea no fue sólo un gesto, sino la constatación de que nuestro país tiene una clara vocación europeísta y un compromiso real con Europa. El posterior rechazo de Francia y Holanda al Tratado Constitucional supuso un freno a la idea de una Europa unida que debe tener, entre sus objetivos fundamentales, el fomento de la cohesión económica, social y territorial, y la solidaridad entre los Estados miembros. En este complicado escenario, la cumbre de Bruselas del pasado fin de semana ha supuesto un avance para desbloquear una situación que derivaba hacia el estancamiento de gran parte de los fines que recogía la Constitución. Hay que destacar el protagonismo que el Gobierno español, con su Presidente José Luís Rodríguez Zapatero a la cabeza, ha asumido para conseguir que se mantenga el 90% del contenido del texto que los españoles aprobaron en referéndum.

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El acceso a una vivienda digna y a un empleo de calidad constituyen dos de las principales reivindicaciones de la juventud en nuestra historia reciente. Pero el hecho de que la emancipación joven se haya convertido en el eterno problema por resolver, no significa que todos los gobiernos hayan actuado con la misma sensibilidad en torno a la preocupación de los y las jóvenes por su emancipación. Y en este sentido, el Partido Popular vuelve a presentar ante la opinión pública su cara más demagógica. Porque si bien es cierto que el problema de la emancipación joven ya existía en marzo de 1996 -cuando el PP accedió al Gobierno de España - en los ocho años de presidencia de José María Aznar éste se agravó hasta límites insospechados.

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El jueves 9 de Mayo el Pleno del Congreso aprobó definitivamente la Ley de Suelo, después de su tramitación en el Senado. La entrada en vigor de la Ley significará un gran paso adelante en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística, dos aspectos que, sin duda, van a estar muy presentes en la campaña electoral de las próximas elecciones municipales, autonómicas y a la Asamblea de nuestra Ciudad.

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Si el Gobierno o la Fiscalía General del Estado hubieran seguido las propuestas del PP sobre ANV, Batasuna habría conseguido su objetivo. El PP ha venido diciendo machaconamente que había que ilegalizar al PCTV. Luego ha dicho que había que ilegalizar a ANV. Lo primero habría sido inútil. Lo segundo habría sido formal y materialmente imposible antes del 27 de Mayo. Así que la vía exigida por el PP conduciría a que todos los candidatos de ANV elegidos entrarían en los Ayuntamiento. O sea, un desastre. El Gobierno y la Fiscalía han escogido el único camino eficaz para poner fuera de la Ley a las 133 candidaturas de ANV controladas por Batasuna, la cual ha sido derrotada por el Estado de Derecho. El Gobierno y los jueces han impedido que Batasuna esté en los Ayuntamientos.

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El Parlamento aprobó el pasado 30 de Noviembre, por amplia mayoría, la Ley de Autonomía Personal en Situación de Dependencia. Con esta nueva Ley, el gobierno de Zapatero da muestra de nuevo, de su apuesta clara por las políticas sociales, aquellas que más directamente benefician a la ciudadanía en su vida cotidiana. La Ley establece la creación de un nuevo derecho de suma importancia, como es que todos los españoles que se encuentren en situación de dependencia, se calcula que cerca de 1.200.000, podrán acceder a la atención que necesitan y el Estado debe garantizar que así sea. Una vez más, un Gobierno socialista pone en marcha un nuevo pilar del Estado del Bienestar, tras la ecuación básica, obligatoria y gratuita (1985); el Sistema Nacional de Salud (1986), y las pensiones universales (1990). A partir de 2007, las personas que lo soliciten serán evaluadas para determinar su grado y nivel de dependencia, así como las prestaciones a las que tienen derecho.

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