La Comisión Local de la Vivienda se reunió el pasado mes de julio para abordar la adjudicación de las 170 Viviendas de Protección Oficial de Loma Colmenar. Una promoción que en principio el Gobierno local preveía haber entregado a los futuros propietarios a principios de año y que se ha ido retrasando, según apuntan desde el Gobierno con problemas surgidos con la instalación eléctrica.

En la reunión se abordaron los numerosos compromisos existentes para la entrega de esas viviendas. Y Emvicesa está procediendo estos días a llamar uno por uno a los agraciados con las viviendas para exponerles lo que les ofrece y corroborar que se acepta la vivienda.

Según ha podido saber Ceutaldia.com de fuentes tanto del Gobierno como de la oposición, es más que probable que no llegue a existir un cupo general al que puedan concurrir los demandantes de vivienda inscritos en Emvicesa. Y es que los compromisos son elevados.

Así, de las 170 viviendas, unas 30 se han reservado para vecinos desalojados por la remodelación de los viales de acceso al Príncipe, otras 14 para los vecinos desalojados de Puente Quemadero y unas 60 viviendas más para usuarios acogidos al programa de Alojamiento Alternativo que Servicios Sociales mantiene alojados en pensiones o les paga parte de su alquiler y que tal y como ha explicado, la titular de la Consejería, Rabea Mohamed, tienen distinto origen en su situación.

Según Mohamed, se atenderá a vecinos aún no reubicados y que fueron desalojados de sus viviendas en Miramar Chorrillo por la demolición de las mismas para cumplir con la Ley de Costas y que entrarían en ese primer grupo de 30 viviendas y que se sumarían a los vecinos del Príncipe y a los de González Besada. Aún hay personas en alojamiento alternativo que se quedaron sin hogar en las inundaciones de 2008. Mohamed calcula unas 120 viviendas de las 170 para estos colectivos.

Y aunque el elevado número le produce satisfacción, recuerda que hay “casi 400 familias en Alojamiento Alternativo y otras muchas con situación o viviendas que actualmente no están muy bien, u otras personas que no llegan para comprar una vivienda en el mercado libre o no pueden pagar el precio de un alquiler, que es muy elevado. Estoy satisfecha por tratarse de un número muy elevado y eso supone que un importante número de familias que viven en precario van a tener una vivienda”, ha explicado Mohamed.

En el reparto y dentro de esas 120 viviendas, Emvicesa va a atender incluso demandas de la Asociación creada de Demandantes de Vivienda de Larga Duración. Un grupo de mujeres que se movilizó hace ahora más de un año, ante la situación precaria que vivían algunas de ellas y la impotencia que les generaba llevar años esperando que Emvicesa atendiera sus necesidades de un techo digno.

A esas 120 viviendas hay que sumar otros cupos que Emvicesa ha reservado. Un 4 por ciento de viviendas irán a parar a discapacitados, otro 30 por ciento de las mismas irán destinadas a jóvenes menores de 35 años. Y como novedad, las mujeres víctimas de violencia de género contarán con un cupo ilimitado. Eso sí, no bastará la presentación de una denuncia, se requerirá una sentencia judicial condenatoria contra el agresor.

Una vez se termine de confirmar el número de adjudicatarios que finalmente aceptan lo ofrecido por Emvicesa se replanteará el número sobrante para que puedan acceder a vivienda los demandantes que se integran dentro del denominado cupo general.

Así las cosas, la adjudicación de las viviendas de Loma Colmenar parece acercarse, pero aún pasarán semanas hasta que el proceso se concluya. De hecho Emvicesa ha optado por no publicar ningún listado con los supuestos adjudicatarios decididos por la Comisión Local de la Vivienda y lo que está haciendo es llamarlos de uno en uno para entrevistarse con ellos y ver su disponibilidad o no a aceptar una de las casas. Ya se han encontrado casos en los que la respuesta ha sido negativa, por no cumplir con las expectativas de las familias. Una historia que no es nueva y que ya ha pasado en otras ocasiones, cuando familias con varios hijos acogidas a Alojamiento Alternativo han rechazado viviendas de promoción pública al entender que lo que se les ofrecía no cumplía con las condiciones necesarias para llevar una vida digna. Pisos de una o dos habitaciones para familias de cinco miembros, que además habían sido expropiados por el propio Ayuntamiento de viviendas más amplias.

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