El conocido abogado Gonzalo Boye, que entre otros casos mediáticos defiende al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y también lleva la representación de la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC), una de las acusaciones populares personadas en la causa del Tarajal, se ha desmarcado de las calificaciones provisionales que aprecian en la actuación de los dieciséis guardias civiles procesados la comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte.

En su escrito de calificación provisional considera que los hechos son constitutivos solamente de uno de denegación de auxilio, con lo que no pide penas de cárcel para los agentes sino la imposición a cada acusado de una pena de 24 meses de multa a razón de 12 euros diarios y 6 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

DESC sí reclama que los guardias paguen 100.000 euros a la familia de cada víctima “de forma solidaria” o que, subsidiariamente, lo haga la Administración General del Estado. También solicita que tengan que asumir las costas del caso.

Boye se ha implicado a fondo en la instrucción y ha estado presente, por ejemplo, en los intentos de toma de declaración de un testigo superviviente residente en Alemania, fallidos debido a problemas técnicos de los que responsabilizaron ambos países. Entre otras pruebas, el letrado propone que tanto ese como otros dos miembros del grupo que intentó entrar en Ceuta (localizados también en Alemania y en Madrid) y que sí han declarado ya vuelvan a hacerlo en la vista oral.

El relato de los hechos a juicio de DESC refiere que “la actuación de los acusados generó una situación de peligro real con las fatales consecuencias de haber costado a vida a 15 personas y, al mismo tiempo, haber puesto en peligro la del resto del grupo de migrantes al hacer “un uso indiscriminado de material antidisturbios no previsto para su uso en medio acuático bolas de goma, cartuchos de proyección (fogueo) y botes de gas”.

“Muchos de los migrantes repelidos por los acusados comenzaron a ahogarse y, ante dicha situación y los reiterados gritos de socorro, ninguno de los acusados hizo nada por intentar salvarles ni prestarles auxilio alguno”, relata el escrito, que añade que “otra parte importante resultaron heridos de diversa consideración, pero, a pesar de sus gritos de socorro, tampoco se les prestó auxilio alguno por parte de los acusados”.

“En ningún momento, ante la situación de peligro en la que se encontraban las personas que nadaban hacia la costa española, se dejó de utilizar el material antidisturbios, ni se avisó a Salvamento Marítimo, ni se utilizaron los medios acuáticos de los que disponía in situ la propia Guardia Civil” concluye sin dejar de reseñar que “como resultado de la pasividad de los acusados, terminaron ahogándose en el mar 15 personas”.

La calificación de DESC se desmarca de las presentadas por CEAR, Sociedad Humana o la Asociación Coordinadora de Barrios, que sí solicitan penas de cárcel para los guardias procesados, concretamente de entre 28 y 56  años para cada uno.