La instructora del 'caso Emvicesa' atribuye a cinco trabajadores de la empresa municipal (Isaac M., Salvador V, Manuel G., Teresa S. y Juan Manuel Z.) en el auto que cierra la instrucción "especial relevancia" en "la trama criminal organizada por López para obtener el enriquecimiento, dado que participaban con funciones administrativas en el procedimiento de selección de los adjudicatarios de vivienda, bien en régimen de alquiler bien en régimen de propiedad",

De las diligencias practicadas concluye que "las conductas en las que han incurrido se concretan en un delito continuado de prevaricación administrativa, delito continuado de malversación de caudal público, delito continuado de falsedad".

Tras "entre 15 y 30 años" trabajando en la sociedad municipal, actuaban según la magistrada "a las órdenes irregulares del cabecilla de la trama, a sabiendas de que las directrices que tomaban y la selección de beneficiarios de las viviendas que éste hacía, ni eran respuesta del proceso legal de selección ni eran fiscalizadas por la Comisión local de la Vivienda (órgano encargado de la fijación de criterios, control de proceso de selección, fiscalización y aprobación de listas provisionales y definitivas), y lejos de negarse a cumplir dichas órdenes las acataban a sabiendas de su injusticia".

Algunos "porque se beneficiaban de sus decisiones, en el caso de Teresa S. A., que incluso consiguió una casa para un hermano, o bien por otros motivos que han quedado ocultos para esta instrucción".

Sea como fuere, "que un funcionario público o el empleado que haces las veces de funcionario por gestionar el patrimonio común, no cumpla con sus funciones y permita la terrible situación que se vivía en Emvicesa, solo puede contestarse por confirmar que obtenían réditos".

Además, remarca que "las contradicciones en las que han incurrido todos y cada uno de los trabajadores investigados han sido más que patente, siendo sus distintas declaraciones inverosímiles, insostenibles y representativas de la irresponsabilidad constante que ha venido siendo su actuar en la empresa".

"Ninguno de ellos sabe nada, no sabe quién comprueba los requisitos, quién elegía los adjudicatarios, de dónde salen las listas, si se han publicado provisionalmente para poder ser impugnadas, si cumplen los requisitos de selección, quién ordenó hacer los compromisos, qué funciones tiene la Comisión y Emvicesa", relata la jueza, que concluye sin dudas que "no saben nada del proceso, solo hacían lo que les decía Antonio, y lo más grave, sabían que lo que estaba pasando era ilegal y no tomaron ninguna decisión al respecto, ni lo pusieron en cocimiento de la jurídico de Emvicesa, de Susana Román o incluso de la propia policía nacional".