El tercer archivo de la causa del Tarajal en primera instancia no será el último capítulo judicial de la tragedia del 6 de febrero de 2014. Las oenegés y asociaciones personadas como acusación popular volverán a recurrir la última decisión de la jueza de Ceuta, que en una abrupta recogida de cable apenas un mes de decretar el procesamiento de 16 guadias civiles ha optado por, aplicando la 'Doctrina Botín' sin que ninguna parte se lo pidiese, sobreseer la causa.

El pasado 24 de septiembre, la magistrada vio base para llevar a juicio oral por homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio a los agentes que hicieron uso de material antidisturbios para evitar la entrada de unos 300 indocumentados, actuación que se saldó con al menos 14 muertos. Sin embargo, ahora ha acordado el archivo de la causa y que el caso no llegue a juicio por la aplicación de la 'Doctrina Botín', es decir, porque Fiscalía no ve delito y no hay acusación particular, posición que se ha negado tres veces ejercer a las familias de varios fallecidos.

Las acusaciones populares han lamentado en declaraciones a Europa Press esta decisión, aunque han destacado que todavía existe la posibilidad de recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz. Este organismo ya ha reabierto esta causa en dos ocasiones, teniendo en cuenta que la jueza instructora la ha archivado dos veces. Sus escritos atacarán tanto la forma y el fondo de aplicación de la 'Doctrina Botín' como el persistente rechazo a dejar personarse a los progenitores de varios fallecidos.

"Nos queda todavía esa posibilidad, y a partir de ahí, esperar. No hay que tirar la toalla", ha declarado la directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),  Paloma Favieres, a quien no ha sorprendido esta decisión, teniendo en cuenta que Fiscalía pidió el archivo de las diligencias.

En esta causa, "existen indicios" de un hecho delictivo (así lo reconoce la propiia instructora en su último auto), "y la vocación de la Administración de Justicia es exigir responsabilidad por los hechos delictivos", han defendido desde Coordinadora de Barrios, otras de las acusaciones populares.

Esta asociación también va a recurrir la decisión de la juez de no continuar con el procedimiento, argumentada fundamentalmente en la falta de una acusación particular y en aplicación de la doctrina Botón. La denominada doctrina Botín, aplicada en una causa sobre el banquero Emilio Botín y avalada por el Tribunal Supremo en el año 2007, interpreta que no cabe acordar la apertura del juicio oral sólo a instancia de la acusación popular: es necesaria una acusación pública o una particular, es decir, la de un perjudicado directo.

Al respecto, desde Coordinadora de Barrios han recordado que las familias de las víctimas del Tarajal "han hecho explícito de numerosas y diferentes maneras" su interés de estar en el procedimiento. "El interés de los perjudicados de modo explícito consta en la causa por lo tanto no se puede archivar cuando los perjudicados han manifestado su deseo de formar parte de ella", ha explicado a Europa Press la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández.

En reiteradas ocasiones, familiares de varios de los fallecidos ahogados en Tarajal han reclamado, sin éxito, ejercer la acusación particular. De hecho, el pasado día 24 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta notificó que no admitía la personación de las familias de seis víctimas que recientemente volvieron a solicitarlo, según han informado fuentes cercanas a la causa.

Desde Coordinadora de Barrios, han avanzado que, aparte del archivo de la causa, también van a recurrir esa resolución concreta ante la Audiencia Provincial que, además de pronunciarse acerca de si procede o no la apertura del juicio solo con acusación popular, deberá decir si admite la personación de los familiares.

Según entienden las acusaciones populares, en el caso del Tarajal están "legitimadas en exclusiva", teniendo en cuenta que las víctimas han querido personanse y se les ha denegado, y que el Ministerio Fiscal pidió el archivo.

Al igual que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el resto de las defensas pidieron el archivo de las diligencias, mientras que de las seis acusaciones populares personadas al menos tres --CEAR, Coordinadora de Barrios y Sociedad Humana-- pidieron entre 28 y 56 años de prisión para cada uno de los agentes.