Caballas considera, como los agentes sociales, que Ceuta "tiene derecho a que el Gobierno de España garantice una frontera segura y un tránsito fluido de vehículos y personas" y entiend que "el permanente conflicto que allí se produce desde hace meses está ocasionando un daño irreparable a la economía local, ya de por sí muy deteriorada, además de perjudicar muy seriamente a miles de personas que encuentran enormes dificultades para desarrollar su vida cotidiana con normalidad".