La "inutilidad", la "incompetencia" y la "soberbia" del Gobierno de Vivas en general y de su director general de Recursos Humanos, Francisco Díaz, en particular han "colmado el vaso de la paciencia" de la Sección Sindical de Comisiones Obreras en la Ciudad Autónoma, que va a "endurecer" su posición sindical judicializando cuantos asuntos considere dignos de ser llevados al Contencioso o a lo Social, según el caso.

José Antonio López ha comparecido este jueves ante los medios junto al secretario general del sindicato en Ceuta, Juan Luis Aróstegui, para dar cuenta de las motivos que han llevado a CCOO a "replantearse" rsu relación sindical con la Administración local, que "no ha contestado ni con certificados de silencio administrativo a las múltiples peticiones de información que se le han planteado, ha transformado las Mesas de Negociación en 'mesas de imposición' y ha generado un caos y un desmadre en Recursos Humanos difícil de empeorar ni a propósito".

Ante esa actitud gubernamental, el sindicato redoblará su acción judicial, "donde ya hemos ganado múltiples procesos en los que, según nuestro criterio, el Gobierno roza la prevaricación cada vez que es condenado en costas que salda con dinero público por negarse a cambiar de criterio".

López no solo ha alertado de que los primeros pasos que deben desembocar en la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) han empezado mal, con una valoración que "considera puestos de trabajo a la baja" incluso para la movilidad horizontal, "lo que hace que algunos concursos queden desiertos y el servicio público vaya empeorando", sino que ha dado por hecho que Comisiones pedirá medidas cautelares sobre las oposiciones a la Policía Local. Si no se admiten "puede pasar que, cuando ya tengamos a los nuevos agentes con uniforme, se declare nulo el proceso seguido", ha advertido.

"No es admisible que se incluya una prueba, la de orientación en Ceuta, con criterios absolutamente subjetivos que dejan en manos del Tribunal la posibilidad de complicar o facilitar a cada opositor su superación", han coincidido en criticar López y Aróstegui la redacción definitiva de un documento "que tanto los Servicios Jurídicos como el propio Gobierno coincidía en que había que objetivar". Aróstegui también ha lamentado la inclusión de la exigencia de tener un carné para motos "que excluye a los más jóvenes de presentarse pese a que en el Cuerpo no existe ese tipo de vehículos". El Gobierno tampoco ha aceptado que las mediciones de tiempos en pruebas físicas se han "con medios electrónicos objetivos".

Denuncias a la Inspección de Trabajo

El responsable de la Sección Sindical ha criticado también la elaboración de bases de promoción interna o acceso libre "con criterios que no son coherentes, como si ya tuviesen un perfil predestinado de origen para una persona", o la negativa del Ejecutivo a "consolidar" a los hasta 300 trabajadores que llevan "incluso 18 ó 19 años" como indefinidos no fijos o interinos.

"Se han convocado promociones libres con carácter interino que se saltan el Acuerdo Regulador y el personal del Convenio de Inmigración sigue estando cada año con la soga al cuello de no saber si se renovará cada 31 de diciembre mientras la Colaboración Social se utiliza para sustituir empleo público", ha añadido.

Aróstegui ha respaldado plenamente el "endurecimiento" de la posición sindical de la Sección ante la "probada y manifiesta incompetencia" del director general de Recursos Humanos, ámbito que considera merecedor de una Consejería específica. "Existe un caos, un cúmulo de despropósitos, que perjudica a la plantilla y a la prestación del servicio público, a todos los ceutíes", ha denunciado el sindicalista, que esta semana ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que "el Plan de Barriadas lo está elaborando un trabajador de Acemsa cedido ilegalmente a la Ciudad con apoyo del Plan de Empleo, como la maquetación del BOCCE".

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