El Gobierno de Ceuta no se considera de ningún modo responsable ni culpable de la deriva de la promoción inmobiliaria del Pasaje Fernández, por cuya expropiación parcial no consumada la empresa Invercap ha denunciado ante la Fiscalía a Vivas y al resto de su Ejecutivo por los presuntos delitos de prevaricación y estafa, entre otros. El portavoz y consejero de Hacienda, Emilio Carreira, "siente" la "tormenta perfecta" en la que, según describió su situación hace meses Susana Román, se ha visto envuelta la sociedad, pero no cree haberla causado.

"Desconozco los términos efectivos de la denuncia pero estamos absolutamente tranquilos y encantados de que el tema se judicialice porque hace meses que dije que este asunto tenía una difícil solución administrativa o política", ha recordado en rueda de prensa este miércoles Carreira, que ha otorgado a su versión de los hechos "cuanto menos la misma validez que a la de quien miente, que desmentimos".

El consejero ha explicado que Invercap asumió el "riesgo" de impulsar un proyecto inmobiliario "en un solar, el del Pasaje Fernández, en el que era sabido que existían una altísima probabilidad de encontrar restos arqueológicos". "En una de las tres fases del proyecto ocurrió y, sobre el dictamen de los técnicos y de la Comisión de Patrimonio, se acordó protegerlos y ponerlos en valor, para lo que el Consejo de Gobierno aprobó en 2011 expropiar no el suelo sino una parte del subsuelo y la parte rasante, un 'cascarón' que afectaba a aproximadamente 14 garajes", ha añadido.

"A continuación", ha proseguido, "se ordenó proseguir una excavación supervisada sin paralizar la licencia mientras se modificaba una parte, la de la tercera fase, para adecuar los micropilotajes".

El asunto se enquistó en 2013, cuando en el Registro de la Propiedad la promotora y la Ciudad se encontraron con que "no se podía inscribir algo que todavía no existía". "Se abrió la puerta a firmar entonces un convenio urbanístico en virtud del cual la Ciudad iba a abonar 1,4 millones en bienes o capital a la empresa a cambio de la parte expropiada, pero el interventor fiscalizó negativamente alegando también que no se podía pagar por algo que todavía no existía", ha hilvanado.

Según Carreira, a partir de ahí "la promotora ha culpado al Gobierno del fracaso de sus expectativas como si la burbuja inmobiliaria, la crisis de Bankia y la depresión financiera no tuvieran nada que ver y como si hubieran cumplido su parte, hacer las obras, en cuyo caso se hubiera abonado el justiprecio correspondiente".

"Siempre hemos tenido capacidad para pagar"

Para el consejero el hecho de que no se consignase nunca una partida presupuestaria a tal efecto no es trascendente porque "la Administración siempre ha tenido capacidad con un presupuesto de casi 300 millones para hacer frente de inmediato al pago, incluso ahora mismo si existiese el inmueble". Lo que tiene claro el Gobierno es que pagará los "entre 400.000 y 500.000 euros" que le tocará abonar en concepto de modificación de proyecto y excavaciones.

También que no expropiará todo el solar, como estudió hacer, porque "el coste del conjunto, cifrado entre 5 y 6,5 millones, nos obligaría a invertir más de 8 millones de euros para hacer un museo". "Nosotros somos los que nos hemos visto arrastrados por la inacción y el incumplimiento de la empresa y estamos orgullosos de lo hecho, no nos sentimos culpables de nada, porque manejamos dinero público y todo tiene que ser legal", ha subrayado.

"Yo siento este problema porque me consta el esfuerzo patrimonial personal que han realizado algunas personas pero unos defienden su interés particular y otros el general y yo espero que en esta casa", ha parecido instar a la oposición a retratarse, "todos estemos en la defensa de lo público".

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