Preguntó el jueves Caballas al Gobierno por la deuda que reclama Urbaser a la Ciudad Autónoma después de que la empresa del Grupo Dragados haya cedido el testigo de la recogida de residuos urbanos a Trace. Y contestó el consejero de Economía, Hacienda y Receursos Humanos, Guillermo Martínez. La ex concesionaria del servicio reclama a la Ciudad Autónoma la friolera de 10,2 millones de euros (casi dos tercios de lo que percibía por un año entero prestando el servicio). Pero, Martínez anunció a su vez la férrea voluntad del Gobierno de pelear cada céntimo si es necesario en los tribunales, ante lo que Caballas brindó su apoyo decidido al Gobierno.

No es de extrañar que confluyan los intereses del principal grupo de la oposición y del Gobierno. Caballas ha mantenido en los últimos años, ya desde UDCE, una actitud combativa con el servicio que prestaba la compañía muy cuestionado y que fue incluso motivo de aceradas críticas del PSOE en los tiempos de Toñi Palomo cuando en la precampaña electoral de 2007 recopiló las quejas vecinales respecto a las deficiencias del servicio.

Martínez no se limitó a cifrar la reclamación. La desgranó. Y anunció que la compañía ya ha puesto en manos de la Justicia una de las tres reclamaciones que tiene planteadas y que en total suman 10,2 millones de euros. Una cifra que sobrepasa incluso lo que creía Caballas que estimaba la reclamación en 9 millones.

La primera reclamación, ya en vía judicial, la plantea Urbaser por un montante de 1,9 millones de euros más los intereses generados por la deuda que se acumuló, según la empresa entre los años 2004 y 2007. En concreto desde agosto de 2004 a diciembre de 2007. Urbaser reclama el pago por la limpieza de los polígonos del Tarajal.

No es una reclamación cualquiera y puede traer mucha polémica añadida. Y es que primero el Ejecutivo de Vivas decidió incrementar la cuantía del contrato de limpieza precisamente para paliar lo que entendieron las partes como una deficiencia. La recogida de basura en los polígonos comerciales del Tarajal, labor ingente por la enorme cantidad de residuos que allí genera la actividad de las naves, se entendió entonces que no entraba dentro de lo que estipulaba el contrato y por tanto de mutuo acuerdo se apostó por ampliar el montante económico.

Pero los problemas siguieron generándose y en ese tiempo las hemerotecas recogen dantescas imágenes de toneladas de cartón acumuladas por las calles de los polígonos dificultando incluso el tránsito. Lo que podría entenderse como un servicio no prestado.

El problema se resolvió finalmente cuando se restó al servicio esa labor haciéndola recaer en manos de Obimace. Con un muerto en acto de servicio incluido las cosas cambiaron, el servicio a los comerciantes se mejoró, pero no menguó el contrato en lo económico. Habrá que ver como se cuenta todo esto en sede judicial. Y es que el asunto ya hizo en su día hablar a todos los actores políticos y amenaza con volver a hacerlo.

La segunda reclamación tiene que ver con certificaciones de servicio que el Gobierno a través de sus técnicos no conformó. Esto es, Urbaser reclama medio millón de euros por trabajos prestados que el Ejecutivo de Vivas defiende que no llegaron a prestar con informes técnicos en la mano. A ese medio millón de euros, suma Urbaser otro millón y medio más por intereses de demora de esos pagos.

La tercera reclamación es la más cuantiosa 3,5 millones de euros por el incremento en el gasto en nóminas entre 2008 y 2011. Otro asunto polémico si acaba en manos de la justicia y que está relacionado con una de las últimas veces que la plantilla amenazó con ponerse en huelga. Se subieron los salarios después de que la entonces consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, intercediera en la disputa. Se negó entonces, al tiempo que se daba a entender, y los hechos así lo refrendaron después, que la empresa asumía la subida de las nóminas porque a partir del siguiente ejercicio el Gobierno volvería a revisar al alza el contrato con la empresa.

En total 10,2 millones de euros, incluidos ahí, los intereses por los impagos que reclama casi por cada concepto Urbaser.

Martínez dio a entender que quizás los intereses por las demoras en el pago no habrá más remedio que asumirlos, pero eso sí, primero se van a revisar y escudriñar los atrasos para calcularlos al céntimo y ver si coincide el monto de la empresa con lo que estipula la Ley para estos casos. Una actitud que denota poca confianza en la reclamación de la empresa y cierto sonido de tambor de guerra.

Serán los servicios técnicos los que evalúen cada reclamación de la empresa, pero Martínez ya adelantó la intención del Ejecutivo de pleitear con la empresa salvo por los intereses por los retrasos en los pagos.

Gastos sin consignación

Hasta ahí lo que reclama la empresa a la Ciudad Autónoma y parece no querer asumir el Ejecutivo por no estar de acuerdo. Pero hay más deuda con la empresa. En otra pregunta de los de Caballas, Martínez cifró la deuda que arrastra la institución en facturas sin consignación presupuestaria, algo que prometió hace meses dejaría de ocurrir, una vez se puso “el contador a cero” tras acudir al fondo especial creado por Rajoy para el pago a proveedores por las corporaciones locales.

En total la Ciudad Autónoma acumula 7,3 millones de deuda en gastos sin consignación a los que hay que sumar lo que tiene Emvicesa, que Martínez no cifró. Esta es la única sociedad municipal con deuda pendiente en facturas sin gasto consignado, según afirmó Martínez, que había pedido esa información de forma expresa a cada gerente.

Esos 7,3 millones de deuda se atenderán con el remanente de 14 millones del ejercicio anterior.

Y en esa deuda suma Urbaser. 4,2 millones por las tres últimas certificaciones del año 2012. La empresa percibió en 2012 los 16,8 millones de euros que le corresponden, pero eso sí debido a que al igual que sucederá ahora, en el último ejercicio se le pagó certificaciones pendientes de 2011. A esos 4,2 millones de euros se suman otros 849.000 euros que se le adeudan por la planta de transferencia por una situación similar a la anterior.

Como los pagos se arrastran de un ejercicio a otro carecen de consignación presupuestaria. Lo que obligará a la oposición a escudriñar de nuevo las cuentas para encontrar a dónde fue el dinero que estaba consignado para esos servicios y que finalmente no se utilizó para esa cuestión.

Otros 225.000 euros corresponden a la empresa encargada de limpiar las dependencias municipales, Trinitas. En concreto el montante corresponde a la prórroga de tres meses que asumió la empresa mientras se resolvía el nuevo contrato. También hay deuda de esta clase con Prosegur.

Y 1,5 millones de euros se explican por condenas judiciales. Martínez no las desgranó, pero cito una significativa, la que tiene que ver con el largo proceso judicial que mantiene la Ciudad Autónoma como la frustrada concesionaria de la incineradora de basuras, Resurce. Un pleito que se arrastra desde hace 20 años.