Ciudadanos quiere que el Gobierno implante medidas para evitar el impago de los alquileres de VPO dando facilidades a quienes no pueden mediante un sistema de pagos aplazados. Sistema que ayudaría apaliar estos impagos, pero también desincentivaría a quien pudiendo pagar no lo hace.

“¿Cuántas viviendas sociales adjudicadas en régimen de alquiler tiene la Ciudad? Posiblemente más de ochocientas. Sólo en las últimas promociones de Loma Colmenar, Villajovita, Serrano Orive y Calderón de la Barca son cerca de seiscientas”, calculan desde Ciudadanos Ceuta. “Los alquileres tienen carácter social y las rentas mensuales a pagar son bajas. En Loma Colmenar, por ejemplo, los alquileres oscilan entre los 170 y los 250 euros los más caros. Además, estos alquileres pueden ser bonificados para aquellos adjudicatarios que lo soliciten, de forma que las cuotas finales pueden estar comprendidas, en estos casos, entre los 68 y los 100 euros.Y aun así, hay adjudicatarios que no hacen frente a este alquiler social”, lamentan.

”Cabe la posibilidad de que, de manera temporal o prolongándose en el tiempo, alguna de estas familias pase por momentos de necesidad en los que carezcan de cualquier tipo de ingresos que les impide hacer frente a estos pagos. No hay nada previsto para solventar esta situación. Ni las ayudas del Ministerio de Fomento ni las ayudas al alquiler de la Ciudad son aplicables. Ni pueden solicitar nuevas ayudas para su alquiler, ni pueden acreditar su situación de necesidad”. La única alternativa que tienen, explican desde Ciudadanos, los inquilinos de una vivienda social que carezcan de ingresos es no pagar, pasando a convertirse en deudores de la Hacienda local.

La situación se agrava, apuntan desde la formación naranja, “ en tanto que la falta de pago de las rentas o cuotas complementarias se convierte en causas de resolución de estos contratos de alquiler: No poder pagar estos alquileres pone al inquilino en situación de perder la vivienda social que tiene adjudicada”. Por ello, añaden, la única garantía que tienen para conservarla es la inactividad absoluta de la propia Administración de la ciudad que no hace nada ni ante las situaciones que llevan al impago ni ante la situación que genera el propio impago.

“El no pagar no es una solución, aunque sólo sea por la inseguridad jurídica en la que caen estas familias que están en situación de perder su vivienda”, reprochan, “no podemos obviar tampoco que esta pura inacción administrativa respecto a los impagos y a sus consecuencias termina provocando también que otros adjudicatarios de viviendas sociales en régimen de alquiler simplemente no paguen. Aun pudiendo”.

Por ello creen necesario establecer un procedimiento que permita amparar las situaciones extremas de necesidad en los casos indicados así como dotarlas de control y de amparo jurídico. Y asimismo, limitar todo lo posible los abusos que se puedan dar”.