La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI.F) ha recurrido, una vez más, a los tribunales, la convocatoria de las 15 plazas de nuevo ingreso para la Policía Local y 10 para Bomberos por lo que considera “un verdadero fraude” por parte del Gobierno de la Ciudad, al que no duda en calificar de “negligente” y cuya “incompetencia”, asegura, “continúa sorprendiendo” al sindicato.

Para el sindicato la convocatoria de las plazas y la llamada a las centrales para la negociación de las mismas en la Mesa Negociadora de las Bases supone por cómo se ha realizado “anteponer los intereses propagandísticos del Gobierno a los propios de los trabajadores y los ciudadanos”.

El sindicato afirma con rotundidad que ha sido llamado a la Mesa General de Negociación “fuera de la ley” y considera esa llamada un intento de “hacernos cómplices de un fraude a la ciudadanía”.

La llamada a negociar se ha producido según la central sindical “sin cumplir ninguno de los trámites necesarios para realizarla”. Y entre ellos destaca que “la Oferta Pública 2017, que incluiría estas plazas, aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE), ni se han respetado los pertinentes plazos de alegaciones, cuando la Ciudad, atropelladamente, pretende establecer las bases de dichas convocatorias”.

“No sabemos a que responde este comportamiento por parte del Gobierno, pero desde luego no vamos a permitir que se esté permanentemente soslayando la legalidad a costa de ‘errores’ o ‘fallos’ que perjudican gravemente los intereses de los trabajadores y de los opositores que están esperando su oportunidad para acceder a estas plazas y, por supuesto, de la ciudadanía en general. Desde CSI.F no podemos ser cómplices de comportamientos que entendemos fraudulentos que solo buscan obtener el rédito partidista del Gobierno en perjuicio de los ciudadanos y de los empleados de la Ciudad”, ha explicado el sindicato a través de un comunicado de prensa.

Y así lo ha expuesto en la propia mesa haciendo constar su “imposibilidad de negociar algo que entendemos como un verdadero fraude”. Razón por la cuál se entienden obligados “por enésima vez a poner en manos de los tribunales las actuaciones de un Gobierno negligente, que antepone sus intereses propagandísticos a los propios de los trabajadores y los ciudadanos”.