Delegación del Gobierno ha salido al paso de las acusaciones del sindicato Comisiones Obreras de su presunta pasividad ante las carencias de seguridad de las instalaciones de Dúcar en Ceuta. Asegura que tras la denuncia se inspeccionó el sistema de seguridad de la empresa para comprobar que cumplía con todos los requisito y corroboró que no se cumplían apercibiendo a la empresa.

Delegación del Gobierno ha salido al paso de las acusaciones del sindicato Comisiones Obreras de su presunta pasividad ante las carencias de seguridad de las instalaciones de Dúcar en Ceuta. Asegura que tras la denuncia se inspeccionó el sistema de seguridad de la empresa para comprobar que cumplía con todos los requisitos.  “Ante la constatación del incumplimiento, la Delegación se dirige en enero de 2017 a la empresa para instar el cumplimiento de la resolución de 2009. Posteriormente, se ha tenido conocimiento de que se ha solicitado a la Jefatura Superior autorización para instalación de un armero en la factoría DUCAR I, por lo que la empresa está dando los pasos para el cumplimiento de la obligación contenida en la mencionada resolución”, detallan desde delegación de Gobierno en un comunicado.

“En consecuencia, no se puede achacar a esta Delegación ninguna dejación de funciones, ya que ha ordenado lo necesario para el cumplimiento de la resolución”, zanjan.

La Delegación del Gobierno en Ceuta resolvió, con fecha 24 de febrero de 2009, establecer la obligación a la empresa  DUCAR de contratar vigilancia privada con arma de fuego las 24 horas del día en su factoría DUCAR I ubicada en Carretera de San Amaro.  En la misma resolución, y estimando parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa, se aceptaba la no necesidad de prestar dicho servicio mediante vigilante con arma de fuego en las instalaciones denominadas DUCAR II, sitas en la ampliación del muelle de poniente, al considerar que las mismas, al hallarse dentro del dominio público portuario, estaban incluidas en el plan especial de protección del puerto.

Posteriormente, dicha resolución de la Delegación fue impugnada en vía contenciosa por DUCAR, solicitando la suspensión cautelar de sus efectos. En 2014 el TSJA decide no admitir la suspensión cautelar, no habiendo resuelto a fecha de hoy sobre el fondo del asunto. La no admisión de la suspensión cautelar no fue comunicada a la Delegación del Gobierno en Ceuta, por la que esta no tenía conocimiento de la misma, alegan en el comunicado.