En un descarado ejemplo de cómo decir una cosa mientras se hace exactamente la contraria, el equipo de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha confesado este jueves que aunque ella dijo que apoyaba exigir a los empresarios el abono del plus de residencia a los trabajadores peor retribuidos, a los que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (900 euros al mes desde el 1 de enero), lo que hizo la institución que dirige fue escuchar a la patronal y alinearse con ella.

Dicho de otra forma, la Delegación socialista ha aplicado en Ceuta los principios esgrimidos por partidos como el PP y Ciudadanos a nivel nacional para criticar a Pedro Sánchez por subir el SMI más que nunca: es contraproducente exigir 'tanto' a las empresas, que hubiesen tenido que compensar con al menos 1.125 euros al mes a cualquier trabajador a jornada completa.

El asesor económico de Mateos, Roberto Rodríguez, lo ha explicado así tras dos semanas pidiendo sin éxito alguna explicación sobre este tema a la Delegación: "Tuvimos conversaciones con la Confederación de Empresarios, que nos trajo una tabla para que viéramos cómo iba a afectar la subida a 900 euros del salario base y vimos que la diferencia era muy grande y que las PYMES tendrían que hacer frente a un gasto muy grande", ha explicado.

Entonces la Delegación contactó con el Ministerio pero no para volver a la redacción del Real Decreto vigente hasta 1994 sino para mantener la actual, la que disuelve todos los pluses locales hasta que el trabajador local no cobra ni un céntimo más que en la Península. Rodríguez ha llegado a reconocer que "es cierto" que hay una "pérdida de derechos" pero ha advertido que "las empresas en Ceuta siempre han aportado y han pagado bien a los trabajadores".

El asesor sí ha dejado abierta la puerta a plantear a las empresas que, a través de la aplicación de convenios propios, pagan más de 12.600 euros al año a sus trabajadores y escamotean el abono del plus de residencia, la exigencia de que sí lo abonen.