Agentes de la Policía Nacional de esta Jefatura Superior de Policía de Ceuta en estrecha colaboración con la Oficina de Extranjeros, el Servicio de Empleo Público Estatal, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, y en especial con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, han llevado a cabo una investigación que ha durado dos años y se ha denominado operación "Paloma". 

Se ha realizado en torno a dos gestorías domiciliadas en Ceuta, por la confección de contratos fraudulentos a ciudadanos marroquíes para conseguir permisos de residencia en España, o para demostrar que tenían la suficiente solvencia económica y así conseguir sus renovaciones o incluso para tramitar algún tipo de subsidio.

Para la realización de estos contratos fue necesaria la colaboración de varios empresarios, gestores y personas autorizadas con clave para su elaboración, y que serían los encargados de acceder a las aplicaciones telemáticas donde se colgaban los datos necesarios sobre trabajadores y sus contratos, para que el Servicio de Empleo Público Estatal así como la Tesorería de la Seguridad Social procedieran a las altas de los mismos.

Estos contratos falsos eran realizados en varias gestorías para empresas que daban de alta a los presuntos trabajadores, que no llegaban a realizar ningún tipo de actividad laboral en ellas. Se hacía uso de dichos contratos sin necesidad de pagar las cuotas a la seguridad social.

Tenían varias tarifas dependiendo de la modalidad de contrato que les solicitaban: para contratos cortos cobraban alrededor de ochocientos cincuenta euros (850 €); para contratos de seis meses, tres mil euros (3.000 €); y para contratos de uno o más años, seis mil euros (6.000 €). 

Este grupo organizado ha mantenido su actividad delictiva de forma prolongada en el tiempo y sus miembros, que actuaban de forma coordinada, tenían asignadas funciones concretas.

Todos los miembros de esta organización estaban bien aleccionados y especializados, sabiendo en cada momento qué hacer en caso de visita por parte de la inspección de trabajo para controles de empleo. Tenían un perfecto conocimiento del sistema establecido para las altas de trabajadores, sabiendo que era un sistema de compleja coordinación entre los órganos participantes.

Han sido detenidos los cuatro propietarios de las asesorías, una empleada de una de esas asesorías y dos empresarios como presuntos autores de unos delitos contra la Seguridad Social, falsedad de documentos públicos y asociación ilícita. También se ha detenido a cuatro ciudadanos marroquíes y dos españoles como presuntos autores de delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental.

Los detenidos han pasado a disposición judicial el 11 de octubre de 2017.