La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) insiste en su Informe Anual 2019 sobre 'La situación de las personas refugiadas en España y Europa', presentado este martes en Madrid, en la necesidad de que las autoridades "supriman" las restricciones a la libertad de circulación de solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, así como "los criterios discrecionales y discriminatorios para realizar traslados a la península".

También que se adopten medidas efectivas para "garantizar el cese de las devoluciones ilegales de personas que llegan a las fronteras de estas dos ciudades, así como por sus puestos fronterizos, donde deben poder solicitar asilo con todas las garantías".

Eso no sucede en la del Tarajal a juicio de CEAR. El año pasado hubo 6.494 solicitudes de protección internacional formalizadas en un puesto fronterizo (aeropuertos, puertos y en las oficinas de frontera terrestre), según las estadísticas del Ministerio del Interior. Esa cifra muestra "un ligero aumento (5,6%) respecto a 2017, a pesar de que el incremento general de solicitudes de protección internacional en 2018 fue muchísimo mayor (74%)".

Para la Comisión "esta diferencia refleja la dificultad de acceso a la protección internacional en los puestos fronterizos, especialmente acuciante en Ceuta y en los puertos españoles". En 2018 tampoco hubo ninguna solicitud de protección internacional en el Tarajal, "como sucede desde la apertura de aquella oficina de asilo". Por el contrario, la del puesto fronterizo terrestre de Melilla recibió 2.800 solicitudes, principalmente de personas procedentes de Siria, Palestina y Yemen.

"Estas cifras", considera CEAR, "revelan la imposibilidad para las personas subsaharianas de llegar físicamente a estas oficinas de asilo. Así, de facto, como única manera de acceso al procedimiento de asilo, se les condena a arriesgar su vida para alcanzar territorio español por mar o saltando el perímetro fronterizo".

En 2019 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictará "la sentencia definitiva" sobre "la legalidad o ilegalidad" de las 'devoluciones en caliente' mientras "el Gobierno se ha acogido a esta situación de espera para mantener esta práctica durante 2018, así como el régimen especial de Ceuta y Melilla de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería".

A pesar de las "dificultades para acceder al territorio", en 2018, 348 personas consiguieron solicitar protección internacional en Ceuta y 675 en Melilla

Todo ello a pesar de que, en su visita de marzo de 2018, el Representante Especial del Secretario General del Consejo de Europa para las migraciones y los refugiados advirtió que "en la práctica, la Guardia Civil no tiene todavía un protocolo para identificar inmigrantes que cruzan irregularmente las fronteras de Melilla y Ceuta que ofrezca instrucciones a sus oficiales para identificar a personas con necesidad de protección internacional y tomar los pasos necesarios para su acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes".

El verano pasado el Gobierno español incluso "recurrió inesperadamente, por primera vez en el mes de agosto, a un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992 para realizar las llamadas 'devoluciones exprés', un procedimiento acelerado que dificulta detectar casos de especial vulnerabilidad o posibles solicitantes de asilo, una práctica que además se ha repetido en ocasiones posteriores".

348 solicitudes en 2018

A pesar de las "dificultades para acceder al territorio", en 2018, 348 personas consiguieron solicitar protección internacional en Ceuta y 675 en Melilla. Quienes pidieron asilo en las ciudades autónomas, tanto en frontera como en territorio, "vieron limitada su libertad de movimientos debido a la inclusión en el documento que les acredita como solicitantes de asilo de la frase 'Válido solo en Ceuta/Melilla”.

El Servicio Jurídico de CEAR siguió recurriendo esta limitación y logró nuevos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reconocieron la libertad de circulación por todo el territorio español a las personas solicitantes de protección internacional y señalaron que la negación de su traslado a la Península supone "una vulneración de sus derechos fundamentales".