Debe respetar en cualquier caso las decisiones judiciales y garantizar los derechos de todos los catalanes y, muy especialmente de los funcionarios públicos, y en el caso de que se convoque por entidades privadas únicamente tendría la finalidad de apoyar y reforzar el proyecto partidista de Artur Mas y Oriol Junqueras.

El Gobierno de España ha impugnado ante el Tribunal Constitucional las actuaciones de la Generalitat para la convocatoria y preparación de una consulta y, posteriormente, la organización del denominado proceso participativo del día 9 de noviembre, habiéndose acordado de forma unánime en ambas ocasiones por parte de los miembros del Tribunal, suspender las actuaciones del Gobierno catalán vinculadas a la realización de la consulta.

Con esta decisión el Gobierno de España garantiza la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, y, en definitiva, evita un fraude a los ciudadanos y un fraude de ley.

La impugnación del Gobierno ha sido para evitar que se engañe a los catalanes, que se les haga creer que se hace un proceso electoral cuando en realidad es una votación partidista, sesgada y sin ninguna garantía, ni cumple con los estándares internacionales.

Tanto en el fondo como en la forma la consulta inicial y el “proceso participativo” son lo mismo: se basan en la utilización de las mismas urnas, papeletas, pregunta e instrumentalización de los resultados por parte de los partidos y asociaciones independentistas.

• Falsa es la consulta y falso será el resultado:

- Sin administración electoral que de neutralidad;

- Sin una normativa legal que regule el proceso;

- sin las garantías de los recursos procesales.

La astucia en democracia no debe usarse para bordear la legalidad sino para respetarla. Porque solo cuando se respeta la legalidad se garantiza la democracia. Los catalanes en su día a día cumplen con sus obligaciones, con sus responsabilidades, respetan la ley porque es la manera de respetarnos como sociedad justa y en igualdad. Los catalanes son gente legal, porque la democracia invita al diálogo dentro de la ley. Esto es lo mismo que se le pide a un gobierno.

Mariano Rajoy ha sido claro y transparente desde el primer momento, mientras Artur Mas actuaba con argucias y fraudes de ley. Artur Mas prometió no vulnerar la ley. Debemos exigirle que esto al menos lo cumpla y no ponga en riesgo el futuro de los funcionarios catalanes.

El 9 de noviembre conmemoraremos la caída del muro de Berlín y celebraremos que los nacionalistas no han conseguido levantar un muro en Cataluña.