La Comisión Local de la Vivienda analizará este jueves a partir de las 10.00 horas una propuesta del Gobierno de Ceuta para enajenar cuatro viviendas protegidas propiedad de Emvicesa ubicadas en el número 2 de la calle Solís y otra “recuperada recientemente” de la promoción del Monte Hacho. El planteamiento del Ejecutivo local pasa por exigir a los aspirantes “los requisitos generales habituales”, esto es, “estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad mínima de tres meses, tener nacionalidad española o residencia permanente, estar empadronados en Ceuta desde hace al menos cuatro años, carecer de vivienda, contar unos ingresos con entre 2 y 2,5 veces el IPREM [532,51 euros mensuales este año] y que se trate de familias con cuatro o más miembros” dado que las viviendas disponen de “tres o más dormitorios”.

La selección de los adjudicatarios se realizaría “mediante sorteo ante notario” y el pago de las casas a enajenar, “al contado”. Las viviendas a enajenar están valoradas entre 76.474,50 euros, la más barata, la de la promoción del Monte Hacho, y 88.054,97 en el caso de las más caras, con garaje, de Millán Astray. Las otras dos se han tasado en cerca de 84.000 euros y en algo más de 86.500, respectivamente. Todos estos precios incluyen el IPSI aplicable pero no los gastos derivados de la compraventa, que serían a cuenta del comprador.

Las Bases de la enajenación que proponen abrir un plazo de presentación de solicitudes de un mes de duración a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el BOCCE. Serían excluidos todos los interesados que hayan sido titulares o adjudicatarios de otra vivienda de protección pública y la hubiesen enajenado o renunciado a ella o de una vivienda libre vendida durante los últimos doce meses.

Igualmente se considerarían motivos de exclusión “ocupar una vivienda de protección pública sin tener título para ello” o “incurrir en falsedad u ocultación de la información facilitada”. El sorteo se celebraría ante notaria “sobre la lista definitiva de solicitantes admitidos” y serviría para elegir a cinco demandantes “según su orden de salida”. La participación en el sorteo no generaría, se deja claro, “derecho alguno a efectos de la adjudicación”, ya que la propuesta se realizaría “tras la acreditación de la disponibilidad económica para el pago al contado”.

Emvicesa requerirá a los seleccionados por un plazo de 20 días “para elegir vivienda y acreditar la disponbilidad del efectivo”. El primer seleccionado podrá elegir entre las cinco casas a enajenar y así sucesivamente, aunque su opción tampoco generará derechos “hasta que no se formalice la correspondiente escritura de compraventa”.

Las Bases propuestas por la Consejería prevén la concesión de una prórroga de diez días de duración si hay “causa justificada” para acreditar la disponibilidad del dinero necesario “o la certificación bancaria oportuna autorizando la operación crediticia” si media un motivo “ajeno a la voluntad del solicitante”. Los compradores deberán dedicar las viviendas “a residencia habitual y permanente”. Los adquirientes también deberán comprometerse “a mantener la vivienda en buen estado de conservación e higiene” y a “no utilizar simultáneamente por cualquier título ninguna otra casa con protección oficial, ya sea como propietario, inquilino o usuario”.

El 'agujero negro' de Emvicesa

Emvicesa no obtenía hace dos años ningún ingreso por más de 80 propiedades inmobiliarias. Se trataba de 17 viviendas, 34 garajes y 32 locales por los que la empresa no factura ni un solo euro y por los que podría obtener algo más de dos millones, según las estimaciones que hicieron entonces los técnicos municipales.

En algo más de un millón de euros se valoraban las 17 casas mencionadas, que se encontraban en las promociones de República Argentina I (2), el Monte Hacho (3), Millán Astray (4) y González de la Vega (8). En los dos últimos casos se trataba de viviendas “cedidas por la Ciudad” o “cerradas desde 2012 con el consiguiente riesgo de ocupación ilegal”.

A la promoción del Monte Hacho correspondían también los 34 aparcamientos por los que la sociedad municipal no obtiene ningún rendimiento. Eran la mayoría de los 46 construidos. La docena restante fue vendida, como 83 viviendas. La Administración local sí tenía alquilados, sin embargo, trece garajes de la promoción especial para la Tercera Edad y dos con contrato de venta de Miramar. Finalmente, otros 32 trasteros tampoco daban ningún ingreso a las arcas municipales.