La consejera de Fomento, Susana Román, presentará al Pleno el próximo 2 de julio un nuevo articulado de la Ordenanza reguladora de la concesión de Cédula de Habitabilidad y control de las condiciones mínimas de Habitabilidad para, asumiendo los reparos legales expuestos por el delegado a su redacción inicial, lograr el objetivo con el que Caballas instó su elaboración: que las viviendas 'ilegales' con unas condiciones mínimas de habitabilidad que no puedan ser regularizadas con los instrumentos en vigor ni demolidas tengan acceso a suministros básicos, al menos hasta que se apruebe el nuevo PGOU.
El nuevo texto no renuncia a su esencia: adaptar la normativa vigente a “las singularidades” del Parque de Viviendas de Ceuta, esto es, a la existencia de casas “construidas sin licencia previa de obras, susceptibles de legalización o no; que se encuentran fuera de ordenación; y cuya existencia carece de control técnico, administrativo o registral” pero cuyos moradores “requieren de determinados suministros básicos respetando la legislación urbanística vigente”.
Tampoco a otro propósito fundamental: eliminar trabas burocráticas (la obligación de obtener la Cédula) a las edificaciones que ya tienen licencia previa de obras y posterior de utilización.
De acuerdo con el criterio de los técnicos, la Consejería cree posible permitir a los ceutíes con techos fuera de la Ley tener luz y electricidad en condiciones regulares sin vulnerar la normativa. En la nueva redacción queda claro que solamente podrán acceder a servicios fundamentales aquellas viviendas irregulares que ya estén construidas, que reúnan unas “condiciones mínimas de habitabilidad” y sobre las que no se pueda aplicar “acción de restablecimiento de legalidad urbanística” con las herramientas en vigor.
Estas casas, aunque hayan sido realizadas “sin la preceptiva licencia o contraviniendo los términos de la misma”, podrán acogerse a un régimen especial para la contratación de suministros básicos “hasta tanto en cuanto se resuelva el procedimiento de legalización”.
Según la literalidad de la nueva propuesta, en aquellas viviendas que estén fuera de ordenación “se podrá autorizar, con carácter excepcional, la contratación provisional de los servicios básicos de las compañías suministradoras hasta tanto se apruebe el instrumento de desarrollo de planeamiento urbanístico que le sea de aplicación y en todo caso con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
"Provisional y excepcional"
Para conseguir esta autorización “provisional y excepcional” sus propietarios deberán solicitarlo aportando informes o certificados de Acemsa y la Empresa de Alumbrado en las que éstas “acrediten que las redes se encuentran accesibles desde la edificación sin precisar nuevas obras”.
También hará falta un informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Asamblea que avale “las circunstancias urbanísticas de la edificación” y “previa comprobación de que no se induce con la misma la implantación de nuevas edificaciones”.
El permiso “no llevará implícita, en ningún caso, la autorización para la ejecución de obras de reparación, conservación o de cualquier otra naturaleza” y se renovará anualmente "siempre y cuando la construcción siga en las mismas condiciones y no se haya aprobado instrumento de planeamiento para determinar si procede su regularización definitiva".
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