El ex presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Jesús Fortes, ha presentado una demanda de ejecución de sentencia contra la Administración Local para que de una vez le pague los 63.052,22 euros a los que fue condenada por la Justicia a indemnizarle por su despido como responsable de la Fundación Ceuta Crisol de Culturas.

La condena a la Ciudad se dictó a finales de marzo y Fortes decidió el pasado mes de junio interponer la demanda de ejecución de sentencia al no haber percibido hasta ahora la indemnización por su despido.

Fortes fue cesado como comisario de la Fundación en enero de 2015 con efectos desde el 5 de febrero de ese año. En una primera instancia ganó por la falta de preaviso y logró que la Justicia reconociera la vinculación entre la Fundación y la Ciudad Autónoma, que fue condenada a indemnizarle con 6.000 euros por falta de preaviso. Esos 6.000 euros siguen también contemplados en el resultado final del proceso de reclamación judicial iniciado por el ex mandatario y se suman a los 63.000, es decir finalmente percibirá casi 70.000 euros, muy cerca de la cantidad de 78.000 euros con la que él y su abogado, el ugetista, Ramón Lladó, arrancaron la demanda por despido improcedente.

Esa primera sentencia satisfizo en parte a los demandantes porque para ellos lo fundamental era demostrar la vinculación entre la Fundación y la Ciudad y así poder hacer responsable de la indemnización que les correspondiera a la casa grande de la Administración Local para poder recurrir por el resto de lo requerido por el despido. Algo que hicieron y por lo que obtuvieron la razón del Juzgado de Lo Social en marzo de este año, cuando se condenó a la Ciudad a abonar 63.000 euros que se sumaban a los 6.000 ya reconocidos.

Desde entonces, la Ciudad no ha abonado al ex presidente ni un euro y por eso ahora ha decidido pedir a la Justicia que ejecute la sentencia para que la Ciudad pague.

En su día, la sentencia condenatoria fue combustible político y prácticamente de forma granítica la oposición reclamó al Ejecutivo que buscara al responsable de su despido improcedente y que fuera esa persona quien pagara de su bolsillo los 69.000 euros.