La Federación de Servicios Públicos de UGT ha vuelto a denunciar este miércoles la "indignante situación" en la que a su juicio se encuentra el Instituto de Idiomas, "que pese a ser un organismo autónomo y, como tal, parte de la Administración Autonómica, más bien parece el cortijo particular de alguna persona que campa a sus anchas sin respetar las normas laborales vigentes".

El sindicato ha criticado que "la ausencia de un elemento fundamental en las relaciones laborales como es la negociación colectiva" solo haya provocado "una carta diciendo que no tiene noticias de que se le haya solicitado negociar cuando se la ha pedido por activa y por pasiva". La consejera de Educación, Mabel Deu, ha reiterado este miércoles que no se ha solicitado tal cosa.

El sindicato acusa a la directora de "hacer oídos sordos a las exigencias de negociación de un convenio, algo insólito en una administración pública española", y de realizar "maniobras en contra de los representantes legítimos de los trabajadores con intenciones evidentemente intimidatorias".

"Exigimos a Deu su cese fulminante por incompetente y la apertura de una investigación sobre las múltiples irregularidades que se producen en este Organismo Autónomo, la última de las cuales ha consistido en crear una bolsa de trabajo sin el requisito obligatorio previo de someter sus bases a la Mesa General de Negociación, que por supuesto va a ser recurrido por la UGT, lo que demuestra o la prepotencia o la ignorancia de esta señora, o ambas cosas a la vez", ha avanzado la central.

Si la consejera no atiende sus peticiones los ugetistas acudirán a Vivas para "que ponga fin a este estado de cosas que se están dando en el Instituto de Idiomas, situación propia de una república bolivariana tan denostada por el Gobierno del Partido Popular y que sin embargo practican determinadas personas en su propio casa negando derechos básicos a estos trabajadores públicos y persiguiendo de forma sutil a los que reivindican sus derechos".

Los servicios jurídicos de UGT están estudiando "todas las alternativas posibles a plantear en los tribunales, tanto en la vulneración del derecho a la negociación colectiva, como en el propio funcionamiento del Organismo Autónomo, en donde mucho nos tememos que el mismo sea lo menos parecido a una administración transparente y ejemplar de la que tanto hace gala el Gobierno de Ceuta".