El Gobierno ha sacado adelante, con el apoyo de los populares y Ciudadanos, el voto en contra de PSOE y y la abstención de Caballas y MDyC, la modificación provisional de la Ordenanza para fijar un nuevo tipo del 6% (en la actualidad está al 9 por ciento) para las actividades profesionales, artísticas y empresariales.

Una rebaja que costará a las arcas municipales una rebaja en su recaudación de 250.000 euros durante el presente ejercicio y que, además de estimular la economía local, explicó la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, servirá “también para mejorar la renta disponible de los profesionales para que puedan gastar más en Ceuta y ese gasto pueda generar más empleo. Una manera, argumentó, “de devolver a los empresarios e esfuerzo realizado en los años de crisis”.

Una rebaja insuficiente, a juicio de PSOE, MDyC y Ciudadanos, que reclamaron que se bajara hasta el 4 por ciento original fijado hasta su subida en 2012 a iniciativa del entonces consejero de Hacienda, Francisco Márquez. Una rebaja hasta el 4 por ciento que equipararía a Ceuta al tipo impositivo de Melilla, algo necesario, insistió desde el PSOE, abogando por la armonización fiscal. La consejera de Hacienda rehusó “entrar en la subasta” de la rebaja de tipos de interés y animó a la oposición a plantear la rebaja en el plazo de alegaciones de 30 días que se abre tras la aprobación inicial. Así y todo, recordó Chanduiramani, la rebaja no es caprichosa y tiene el consenso de los empresarios a través de la Cámara de Comercio y la Confederación, que “entienden que la Ciudad debe atender también otros gastos”.

Solo Caballas puso pegas a la rebaja del tipo impositivo de actividades profesionales y artísticas, recordando que en 2017 este Ayuntamiento ha recibido 135 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, “que no los ha fabricado nadie, que vienen de los impuestos de los españoles”, recalcó Aróstegui, insistiendo en que ese servicio está grabado n el resto del país al 21 por ciento y ya está un 40 por ciento más barato en Ceuta. Una medida que entendían como “psicológica” para dinamizar la economía local, cuyo sector empresarial presenta un “desánimo preocupante” pero no así desde el punto de vista de distribución d ela carga fiscal y de responsabilidad de Ceuta para con la solidaridad de los españoles, “que terminan pagando 135 millones” a los ceutíes.

Para Ciudadanos, resulta frustrante que esta sea la única medida que de momento ha presentado el Gobierno del paquete. Una crítica que rebató Chandiramani recordando las medidas puestas en marcha contra el fraude, el aumento de la plantilla del OAST en este sentido, el refuerzo de los controles e inspecciones o la reforma integral del IPSI, con un límite de 4 millones de euros, que el Gobierno quiere tener lista antes de verano.

La diputada de MDyC, Fatima Hamed, afeó al Gobierno, al igual que Ciudadanos, que la revisión del IPSI carezca de informes que creía preceptivos, como el de los objetivos que se pretenden conseguir o el de la recaudación de esos tipos durante los últimos años.