La legislatura ha comenzado con frentes abiertos que poco tienen que ver con cuestiones prácticas para la vida de los vecinos de Ceuta y mucho con la organización de las instituciones políticas que han de tomar medidas que sí repercutan en el día a día de los ceutíes. La estructura del Gobierno –cuestionada ya en las últimas dos legislaturas por el sindicato UGT y también por MDyC con derivadas judiciales incluidas– sigue fuertemente cuestionada por UGT, ya no tanto por la formación que lidera Fatima Hamed. Y de otro lado, la situación en minoría del PP abre posibilidades negadas por su mayoría absoluta en las anteriores legislaturas, como que el Pleno recupere determinadas competencias en lo que a decisiones, por ejemplo, sobre contratación o recursos humanos, se refiere que hoy están en manos del Consejo de Gobierno. UGT anunció el jueves que seguirá combatiendo el desmesurado número de cargos públicos y políticos en la vía judicial y el MDyC que antes o después planteará una votación en el Pleno que tendrá que decidir (la pelota estará en el tejado del PSOE) sobre si retira competencias al Gobierno o se las deja. En ambos casos la respuesta del Ejecutivo se ancla en la legalidad y se parapeta detrás del Estatuto de Autonomía.

El portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán, ha salido al paso de ambos asuntos este viernes durante su comparecencia precisamente tras la reunión del Consejo de Gobierno (casi sin asuntos en el orden del día). En ambos casos Gaitán ha acabado situando el proceder del Gobierno tras dos barreras protectoras: de un lado el escrupuloso cumplimiento de la Ley, “a raja tabla”, ha dicho literalmente; de otro, la apuesta por exprimir al máximo las posibilidades que le brinda a Ceuta el Estatuto de Autonomía aprobado en 1995 y que coloca a la Ciudad Autónoma a medio camino entre la corporación municipal al uso (Algeciras, por poner un ejemplo) y la Comunidad Autónoma uniprovincial (Murcia, por poner otro ejemplo). El Gobierno quiere ahora parecerse más a Murcia que a Algeciras.

“Se está cumpliendo la normativa existente. Todo está ajustado a derecho, a lo que indican las normas de funcionamiento de la Asamblea y del Consejo de Gobierno. Todo cuenta con la máxima legalidad y con los informes jurídicos correspondientes. Además consideramos que debemos seguir fomentando el autogobierno de la Ciudad que no es una mera corporación municipal, nosotros vamos a apostar por ser lo máximo posible como una comunidad autónoma”, ha explicado Gaitán al ser preguntado por el anuncio de batalla judicial realizado el jueves por UGT a cuenta de los nombramientos de asesores y viceconsejeros y directores generales.

Como el asunto de los nombramientos lleva enfangado incluso entre los propios grupos políticos desde que arrancó la legislatura el pasado 15 de junio, Gaitán se ha trastabillado con unos nombramientos y unas fechas, matizado posteriormente tras la rueda de prensa por el Gabinete de Comunicación, que como todos los periodistas ha asumido el error del portavoz.

Y es que si el asunto es complejo, tiene incluso una derivada que lo complica más aún. Más allá del cuestionamiento de la capacidad del Gobierno para nombrar tanto cargo público, que es lo que plantea UGT al considerar que lo que han elegido los ciudadanos es precisamente “una mera corporación municipal”, está la derivada de los asesores de los Grupos Parlamentarios, 5 esta legislatura, como 5 eran la anterior. El número de esos asesores se ha disparado hasta 25. El acuerdo vigente al arranque de la legislatura fijaba un mínimo de un secretario de grupo (un asesor por grupo) dejando abierta la posibilidad de ampliarlo hasta el límite de 25 asesores, uno por diputado, pendiente de un acuerdo en Junta de Portavoces que debía ser refrendado por el Pleno. PSOE, PP y Caballas nombraron a su secretario antes incluso de que esa negociación que ha hecho correr ríos de tinta se abriera. El MDyC ya declinó entonces nombrarlo al entender, precisamente, que no se podía sin que existiera acuerdo previo de la Junta de Portavoces. Su primer asesor apareció nombrado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta este jueves. A VOX todavía se le espera.

MDyC

Con ese frente por los asesores y los viceconsejeros abierto en canal el jueves por UGT, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) ha presentado una propuesta para debatir en el Pleno que finalmente se basta en la misma cuestión de fondo, Ceuta es un ayuntamiento o una Autonomía. Si es lo primero, como pone la papeleta de las elecciones, el partido entiende que es el Pleno quien debe asumir determinadas competencias. Su propuesta no se debatirá en la próxima sesión de la Asamblea en julio. MDyC culpó del retraso ayer al PSOE, acusando a los de Manuel Hernández de servir de muleta al PP y de vetar la propuesta del MDyC. Tanto el PSOE como el Gobierno por boca de Gaitán han señalado lo mismo este viernes, la propuesta se debatirá, una vez que, como exige el acuerdo alcanzado de forma consensuada en Junta de Portavoces, se tengan los preceptivos informes legales y se estudie en una comisión informativa de carácter técnico, dado que el asunto tendría consecuencias administrativas y legales de salir adelante.

Gaitán, de “formación jurídica” como él mismo ha recordado este viernes, y poco dado, en consecuencia a mojarse demasiado, ha aludido a esos informes antes de fijar una postura definitiva por parte del Gobierno, pero ya se intuye que el PP está en el no a la propuesta del MDyC: “Luchamos por cumplir la normativa de Ciudad Autónoma de Ceuta. Creemos que la forma de organizarse debe ser lo más parecido a una Comunidad Autónoma. En esa línea han ido las actuaciones desde 1995 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, creemos que ha sido eficaz y esta es la posición del Gobierno”.

Aún así antes de avanzar un no rotundo por parte del PP a la propuesta del MDyC, Gaitán ha preferido esperar a contar con los informes técnicos y jurídicos: “No se nos han especificado por ejemplo las competencias que volverían al Pleno. El informe jurídico es básico. Pero creemos que la forma más eficaz es la actual bastada en el Estatuto de Autonomía”, ha insistido.