En una práctica habitual ante cada polémica que salpica al Gobierno, Vivas que tuvo este jueves hasta dos actos públicos, ha dejado la respuesta del Ejecutivo a la sentencia que da la razón a Cs y señala los cobros del plus de residencia de miembros del Gobierno en situación de servicios especiales como indebidos, en manos de su portavoz, Alberto Gaitán. La respuesta de manual anuncia un recurso de casación ante el Supremo y recuerda que la sentencia no conlleva ninguna condena económica, dejando entrever que no está en los planes devolver un solo euro o “hasta el último céntimo”, como ha prometido luchar este mismo viernes UGT.

“La sentencia no es firme. Admite recurso de casación y la Ciudad va a recurrir”, ha anunciado Gaitán al ser preguntado por el asunto. Además Gaitán le ha dado la vuelta a la situación judicial recordando que hay recientes sentencias del propio Supremo que “han reconocido la capacidad de autoorganización de la Ciudad”.

“En todo caso vamos a cumplir la Ley”, ha anunciado. Para el Ejecutivo “no hay problema ético” en tanto en cuanto esos pluses percibidos son pluses reconocidos por el Estatuto de la Función Pública y se percibieron con arreglo a una Base de Ejecución Presupuestaria, “que no deja de ser una norma”. Una que además, ha puntualizado Gaitán conlleva un proceso de aprobación complejo con votación del Pleno incluida.

Si bien Gaitán no ha podido concretar si esa base se introdujo en 2017 o ya existía de antes, ni en caso de que sea como sostiene UGT: se introdujo en 2017 y anteriormente no existía aunque los cobros se percibían igual, qué habría motivado su introducción. “Yo creo que estaban incluida de antes. A mí me dicen que viene de atrás”, se ha fiado Gaitán.

Esa base de ejecución presupuestaria es precisamente la que ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al darle la razón a Ciudadanos, pero Gaitán sí ha recordado que la sentencia “no establece condena”. El matiz es importante y Gaitán lo ha introducido al ser preguntado por la posibilidad de que tal y como reclama MDyC los pluses dejen de pagarse con carácter inmediato o se estudie la posibilidad de que cada miembro o ex miembro del Gobierno devuelva las cantidades que en algunos casos se disparan por encima de los 100.000 euros.

“Estamos recabando todos los informes jurídicos para conocer los alcances de la sentencia y para recurrir”, ha aclarado Gaitán.

El portavoz del Ejecutivo ni tan siquiera tenía conocimiento de las peticiones cursadas por UGT para conocer el detalle de los altos cargos del Gobierno que desde 2013 habrían estado percibiendo estas cantidades cuestionadas ahora por la Justicia y en el caso del presidente desde 2003.