El portavoz del Ejecutivo de Ceuta, Jacob Hachuel, ha sido contundente este viernes a la hora de despejar cualquier duda sobre la existencia de mano gubernamental alguna tras la selección y contratación de unos 50 peones por parte de Tragsa al margen del SEPE para limpiar parterres y playas: "Seguro que no. El Gobierno no ha mandado ni sugerido que se contratase a nadie y estamos seguros de que la oposición tampoco", ha afirmado.

El también consejero de Gobernación ha explicado que desde la Ciudad Autónoma se tiene la certeza de que el Grupo público "suele ser muy escrupuloso" con su política de recursos humanos y no desmerece su "gran prestigio".

"Se han pedido explicaciones y se han aceptado porque nos han convencido: Tragsa fue al Servicio de Empleo Público Estatal, que dijo necesitar dos meses para seleccionar a los peones requeridos, pero al tratarse de una encomienda de gestión que debe efectuarse al menos en parte en verano recurrió a seleccionar y hacer entrevistas entre los currículums que tenía exigiendo que fuesen parados registrados", ha repetido Hachuel la versión de la empresa.

El Gobierno ha pedido a Tragsa que en ocasiones venideras como mínimo dé "publicidad" a cualquier necesidad de personal para que todos los interesados puedan concurrir visitando sus oficinas de la calle Jáudenes, 31, donde el propio Hachuel ha dicho haber visto "colas" en los últimos días. Con respecto a la intención de Caballas de poner en caso en manos de la Justicia a través de la Fiscalía, el consejero se ha limitado a decir que "los Juzgados están abiertos".

El PSOE ve "incumplimiento de la legalidad"

Tras toda la polémica suscitada, el secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, basándose en "argumentos legislativos", ha denunciado este viernes “el incumplimiento de la legalidad” por parte de la empresa del Estado en este proceso, ya que “es obligada la contratación previa convocatoria pública en la que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad, entre otros”.

“Ante el incumplimiento evidente del Convenio Colectivo y del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aún más grave al tratarse de una empresa pública con una encomienda de gestión de una Administración autonómica, el presidente de la Ciudad debe explicar pormenorizadamente los pasos dados durante el proceso de selección del personal y, sobre todo, tomar decisiones políticas, jurídicas y administrativas al respecto”, ha exigido el socialista.