La Consejería de Fomento persuadió al Ministerio de elevar de 600 a 900 la cuantía máxima mensual de las rentas subvencionables hasta en un 50% a partir de la información que sacó de Idealista, Fotocasa, Enalquiler y Servihabitat y que recopiló en un dizque informe que se ha negado a hacer público. Fija en "unos 800 euros" el coste de un piso de dos habitaciones y “por encima de los 600” lo que paga cualquier inquilino.

El dizque informe con el que la Consejería de Fomento convenció al Ministerio para elevar hasta 900 euros la cuantía máxima de los alquileres subvencionables con el Plan de Vivienda 2018-2021 no recoge el número de viviendas ocupadas en régimen de arrendamiento en la ciudad ni cuantifica la oferta existente, tampoco el perfil de propietarios o inquilinos, ni el número de los alquileres declarados oficialmente y de los que no han aflorado para Hacienda, nada del volumen medio de empadronados en ellas ni si el alquiler turístico tiene alguna importancia ya...

El departamento que dirige Néstor García se ha negado a facilitar dicho estudio pero no debe ser por la información clasificada que contiene, ya que en realidad se limita a repasar lo que contienen cuatro páginas web: Idealista, Fotocasa, Enalquiler y Servihabitat. Con esas fuentes se ha cubierto la exigencia estatal de "estudios actualizados de oferta de vivienda en alquiler" que acreditasen la necesidad de "incrementar hasta 900 euros la renta máxima mensual", como se logró hacer a mediados de octubre cambiando las bases originales de las dos convocatorias de ayudas.

El director general de Fomento, Bharat Bhagwandas, que firma el 'resumen ejecutivo' de cuatro páginas, señala que el precio medio del alquiler de un piso de dos habitaciones en la ciudad autónoma se sitúa "en torno a los 800 euros" y “por encima de los 600” el importe que casi cualquier inquilino, sea como sea su vivienda, debe abonar mensualmente a su casero. La única fuente propia u oficial utilizada apunta que "según datos facilitados por Emvicesa” la media de las fianzas depositadas en concepto de alquiler en la Empresa Municipal de la Vivienda, "asciende igualmente a 700 euros”.

A esa conclusión llega tras analizar “los principales portales web inmobiliarios existentes en España”, como ‘Idealista’ o ‘Fotocasa’. La Consejería había fijado inicialmente el techo en 600 pero al final quiso elevarlo hasta el tope. Esa supuesta “tendencia” de precios altos se “confirmó” en “otros servicios inmobiliarios como ‘Servihabitat’, la web de ‘la Caixa’, que en un estudio sobre el mercado de alquiler residencia en España señala a Ceuta con un precio medio de 880 euros para una vivienda de entre 80 y 90 metros cuadrados”.

Según Fomento, “el citado estudio confirma una tendencia al alza en este mercado a lo largo del presente año”.
“Otros portales web especialistas en viviendas en alquiler”, añade la Consejería en alusión a ‘Enalquiler.com’, reflejan una “evolución del precio medio” de las viviendas con menos de 60 metros cuadrados de superficie en la ciudad autónoma que reproduce el dictamen oficial y que muestra una fuerte subida de los precios desde enero (608 euros de media) hasta agosto (702).

Si la casa tiene entre 60 y 90 metros la evolución de los precios sería la contraria y el importe de las rentas habría caído desde 750 hasta 716, según Fomento, que en este caso apela a que los precios subieron “un 0,28%” entre julio y agosto.

Las propuestas de la izquierda

El PSOE y Podemos pretenden, si consiguen aprobar Presupuestos Generales del Estado para 2019, habilitar a los Ayuntamientos para “la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica”.  Si prospera su pacto, las entidades locales que así lo consideren podrían “declarar, temporal y excepcionalmente, una ‘zona urbana de mercado tensionado’ cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda”.

De esta forma los Ayuntamientos o las Autonomías que así lo viesen oportuno podrían “regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y, a la vez, evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.

También quieren ampliar el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de tres a cinco años y de uno a tres la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas. En el caso de que la parte arrendadora fuese una persona jurídica serían 7 años de prórroga obligatoria y 3 de tácita.