La titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha solicitado al equipo psicosocial de la Administración la elaboración informes socio-familiares sobre cinco menores que estan siendo objeto de exploración en el marco de las diligencias que desde finales del año pasado se instruyen contra un ya ex profesor del Colegio San Agustín investigado por la comisión de presuntos delitos de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abusos sexuales.

Según fuentes judiciales, la magistrada pretende recabar un informe más amplio de los menores que incluya su ámbito social y familiar.

En marzo la jueza ya pidió informes periciales a dos psicólogos del equipo técnico tras el examen de cinco menores con tres objetivos específicos: 1) hacer una evaluación en cuanto a su posible condición de víctimas de un delito contra la libertad sexual; 2) determnar el grado de credibilidad de sus relatos; y 3), en su caso, secuelas psíquicas que pudieran derivarse de tales hechos.

El caso se activó cuando, en noviembre pasado, la familia de un estudiante denunció a la Guardia Civil el comportamiento “extraño” del veterano docente, que ya se encontraba en situación de jubilación parcial, con “invitaciones a restaurantes caros, regalos y decenas de mensajes cada día” al teléfono móvil del menor, en el que encontraron peticiones de fotografías de índole sexual.

El investigado se ha acogido desde que fue arrestado e imputado a su derecho a no declarar, postura que ha mantenido sin variaciones.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita registró su domicilio y se incautó de diverso material informático que una vez revisado (el último análisis pendiente es el de su teléfono móvil) dio pie a la aparición de “muchas” fotografías de menores con contenido sexual y desnudos explícitos tomadas tanto en el ámbito escolar como en entornos privados que para la instructora han supuesto “indicios fundados de la comisión, cuando menos, de un delito de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y abusos sexuales”.

A finales de enero, con los primeros dictámenes de los expertos tecnológicos de la Benemérita, dictó una orden de alejamiento del colegio en virtud de la cual el centro educativo rompió toda su relación laboral con él investigado, que en Semana Santa fue homenajeado en la salida procesional de Las Penas con una controvertida 'levantá' sobre la que el Obispado todavía no se ha pronunciado.