Una jurídico de Emvicesa podría tener la clave para esclarecer en la vía judicial si lo cobrado por la empresa editora de El Faro de Ceuta, Joaquín Ferrer y Cia, estuvo bien pagado o salpicado de “irregularidades”, como ha sostenido ella misma y como investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Ceuta en una causa en la que López está señalado por un posible delito leve de prevaricación administrativa.

López, quien el pasado verano de 2016 señaló de forma pública al ser consultado por este medio a la entonces presidenta del Consejo de Administración de Emvicesa, Susana Román, y al propio presidente Vivas como responsables del pago final al diario, tendrá que declarar en las próximas semanas ante la Instrucción.

Entonces López situó como clave para que el proceso de reclamación judicial de la deuda iniciado por El Faro saliera adelante, la omisión en el expediente de un informe de la jurídico anterior al acuerdo extrajudicial en el que recomendaba de forma clara no abonar 90.000 euros correspondientes a 2013 y ponía en duda la legalidad de los contratos en los que se basaba la totalidad de la reclamación: 277.000 euros.

Román desmintió conocer dicho informe de la jurídico, si bien López mostró algún correo de Román hacia él en el que hablaban de informes jurídicos propios ante la reclamación judicial iniciada por el editor del periódico, Rafael Montero. Todo eso ya está contado. Pero el pasado 25 de abril, la jurídico fue llamada a declarar en calidad de testigo en la causa abierta.

En su declaración tampoco queda claro que exista un informe anterior al acuerdo extrajudicial, aunque sí al pago. La reclamación de la empresa editora del diario se inicia en 2013. Aunque no es hasta septiembre de ese año cuando se inicia el proceso de reclamación monitorio en la vía judicial. Supuestamente, según se desprende de un correo entre Román y López durante el verano se habían encargado ya informes jurídicos y financieros sobre la cuestión a los servicios internos de Emvicesa. Pero el 10 de noviembre se registra otro informe jurídico, firmado por un abogado externo, el mismo letrado que luego representaría a López en el arranque del Caso Emvicesa, que aconseja pagar lo reclamado por El Faro, aunque reconoce una chapuza de gestión de la Administración (ni se denunció correctamente la finalización del contrato –se equivocaron de nombre de empresa-, ni se hizo a tiempo, ni se publicaron todos los anuncios, ni había consignación presupuestaria). Sólo 18 días después con ese informe externo como base, Román acuerda con la empresa editora pagar vía extrajudicial. Pero no es hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se produce el abono.

Es seguro que en febrero de 2014, la jurídico, ahora testigo, registró en la entrada de documentos de Emvicesa un informe en el que señalaba la inconveniencia del pago. Pero no está claro que haya un informe anterior al del abogado externo. En su declaración judicial tampoco queda meridianamente claro, aunque se sigue insinuando que sí.

De hecho, al menos, el encargo de López a la jurídico fue anterior al informe externo. “En septiembre de 2013, Antonio López, gerente de Emvicesa, mantuvo una reunión con la compareciente, diciéndole que cómo podían no pagar la deuda que tenían con la mercantil Joaquín Ferrer y Cia. SL, que mantenía deudo con Emvicesa a través de esta mercantil y otra llamada InvestCeuta, por más de 252.000 euros. Que delante de la responsable del área económica, le facilitó el expediente para el pago de dichas deudas, que una vez vio su contenido pudo comprobar que era nulo, porque le faltaban elementos como la identificación de las partes, además de que el gerente no tenía competencia para contratar, ni obligar al pago a Emvicesa, ni tampoco realizó expediente de contratación alguno, además existían facturas a nombres de diferentes empresas derivadas de diferentes empresas de Joaquín Ferrer y Cia”, se recoge en el testimonio de la jurídico de Emvicesa en el juzgado.

La testigo asegura que tras esa reunión redactó un requerimiento para la empresa de Montero a nombre de Antonio López, aunque no recuerda el detalle del contenido del mismo, “pero entendiendo que resolvía definitivamente el contrato en cuestión”. López envió el requerimiento un mes después al iniciar el proceso monitorio, si bien la testigo aseguró en sede judicial “que se ratifica en el informe que elaboró en relación con los hechos”, sin que quede claro si es ese informe anterior al del abogado externo o se refiere al de 2014, que sería posterior.

Si bien, en su testifical, recoge que repasó lo sucedido con Kissy Chandiramani cuando esta sucedió a López al frente de Emvicesa.”que conocía del informe de la compareciente donde se ponía de manifiesto las irregularidades efectuadas en los contratos de publicidad. Que también le informó Kissy, que un letrado a través de otro escrito pone en tela de juicio el informe de la compareciente manifestando que el proceso monitorio podría prosperar”, se recoge en su declaración.

Si el informe del abogado externo “ponía en tela de juicio” el suyo parece evidente que se referiría a un informe anterior, de lo contrario sería su informe de febrero de 2014 el que pondría en tela de juicio al del letrado externo.

Como fuere, la testigo pone en duda la legalidad de los contratos, son mayores y no salieron a concurso público, si se considerasen menores serían improrrogables; considera que López como gerente no tenía en 2008 capacidad para firmar esos contratos y debió haberlos rubricado el presidente del Consejo de Administración, previa licitación, Francisco Márquez. Y más aún, en su opinión de jurídica considera que el reconocimiento judicial debió haber pasado por el Consejo de Administración, extremo que desconoce si sucedió.