La Audiencia Provincial ha rechazado uno tras otro los recursos formulados por las defensas de Antonio López y sus supuestos 'conseguidores' de clientes para obtener dinero a cambio de la adjudicación de viviendas protegidas, un trabajador de Obimace que se ha descrito en sede judicial como "el que llevaba votos al PP cuando había elecciones", y un policía portuario, en base a la existencia de un riesgo de fuga y de obstrucción a la acción de la Justicia.

El único de los cuatro encarcelados sin fianza en febrero que ha salido a la calle ha sido el empleado de una naviera que, a finales del mes pasado, aseguró en el Juzgado que nunca había mediado para conseguirle compradores al ex gerente de Emvicesa, como supuso la investigación en un primer momento.

De hecho, S.Z. se ha convertido en la clave del caso, según distintos observadores cercanos. Él es el único que, hasta ahora, ha asegurado haber visto salir de sus bolsillos dinero (12.000 euros para asegurarse de que su suegra se hacía con una de las 317 VPO, de acuerdo con su testimonio) y regresar en parte, directamente de las manos del ex viceconsejero, concretamente 2.000 euros que presuntamente entregó a su esposa justo antes de ser detenido.

Aunque las defensas de los encarcelados han puesto en tela de juicio su credibilidad por haberse negado a testificar primero y después asumir ese pago, en el Juzgado, durante los casi 51 minutos que pasó declarando entre lágrimas, también se escuchó que la Policía pudo desorientarse al no tener la suegra del investigado los mismos apellidos que su esposa. Como el resto de quienes han asumido haber pagado, S.Z. ha quedado en libertad provisional. La jueza instructora ha marcado desde el principio una línea en la que quien 'colabora' se beneficia de un trato menos duro.

El caso de López (sobre quien pesan acusaciones de prevaricación, malversación, falsedad documental, cohecho e integración en organización criminal) y los supuestos 'conseguidores' (cohecho y organización criminal) es distinto, entre otras cosas porque se exponen a penas que podrían alcanzar hasta los 20 años de cárcel en el caso del primero según las fuentes consultadas y hasta 14 en el de los otros, de acuerdo con las estimaciones de la propia Audiencia Provincial  A tenor de ello y de lo dispuesto en los artículos 16, 28, 33, 419 y 570 bis.1 del Código Penal.

Para denegar las puestas en libertad se ha apreciado, por ejemplo en el caso del portuario, como factor agravante de la "probabilidad" de riesgo de fuga, que "el carácter fronterizo de Ceuta, donde dice encontrarse su núcleo vital de vida, con Marruecos, país del que se ha indicado que era nacional originariamente, como lo eran sus padres en función de lo indicado en ese mismo documento citado, al igual que, en un momento anterior, sus suegros".