A la segunda tampoco. Martín Portes se queda en la Gerencia de Acemsa. Al menos unos días más. La reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la sociedad pública convocada para este miércoles a última hora de la mañana por su presidente, Alfonso Conejo (PP), para votar el cese de Portes como gerente y el nombramiento de Juan Manuel Sánchez Valderrama no ha podido celebrarse por falta de quorum.

Dado que el representante del PSOE, Ramón Lladó, no se encontraba en Ceuta, la llamada al boicot del MDyC ha tenido eco en Vox. Ninguno de los tres partidos ha acudido. Conejo y Aróstegui (Caballas) solo sumaban el voto ponderado de 10 diputados, lejos de los 13 que establecen como mínimo imprescindible para tomar decisiones los Estatutos de la sociedad.

El PP tiene la opción ahora de convocar una nueva reunión extraordinaria (siempre con un plazo mínimo de antelación de 24 horas) o esperar hasta la ordinaria que el 2 de agosto se pactó celebrar el primer viernes de septiembre, día 6.

Conejo alegó hace ya casi un mes “pérdida de confianza” del PP en Martín Portes para justificar su cese y el MDyC ha acusado este miércoles al presidente del Consejo de “desleal” con el resto del órgano rector por, supuestamente, intentar aprovechar la ausencia en Ceuta de Lladó para asegurarse la mayoría: si todos los grupos hubiesen acudido y toda la oposición hubiera votado en contra de las propuestas del Gobierno, el resultado hubiese sido 9-9 y el voto de calidad del presidente habría decantado la balanza para el PP.

Tanto el PSOE como Caballas acusan a Martín Portes de haber cometido dos presuntas “faltas graves” consistentes en actualizar su salario sin que tal circunstancia viniese recogida en su contrato y en “suspender” temporalmente el contrato del ingeniero Pedro Sierra hasta que se resuelva la causa judicial abierta en lo Contencioso-Administrativo por UGT [en lo Penal hay otra del PSOE relacionada] en relación con la plaza que ha ganado en la Ciudad.

Los dos grupos entienden que si se constatase habría base para un despido disciplinario que permitiría a la Administración ahorrar los alrededor de 20.000 euros de indemnización se le prevén abonar a un alto cargo para el que se ha barajado una Subdirección General como posible salida.