El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha saklido al paso del anuncio del consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos, de una nueva estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). “Tras cuatro años sin que el Desgobierno haya tomado ninguna medida para obligar al adjudicatario a reducir los precios, recordemos que son los más caros de España, ahora se pliega a los intereses de la adjudicataria manteniendo las tarifas y cediendo a la apertura de una segunda estación que no responde a las necesidades de los y las ceutíes”, lamentan en un comunicado.

Para el MDyC que el “irresponsable” de la “concejalía” de Medio Ambiente hable de que se ha tratado “la estructura de las tarifas” sin confirmar que éstas  se van a reducir, adaptándose a los precios que cobran otras concesionarias, solo muestra, a juicio de MDyC, que, “como ya hizo con la aprobación de las mismas para este año subiéndolas un 2,3%, se ha cedido a los intereses de la adjudicataria que impone sus criterios empresariales por encima del interés general de los y las ceutíes”.

Desde MDyC recuerdan que en el Pleno de control, el propio consejero de Medio Ambiente, respondiendo al MDyC, se comprometía a negociar con la adjudicataria de la ITV una  rebaja de las tarifas, para hacer cumplir el acuerdo aprobado en julio de 2017 y que decía: “Estudiar todas las posibilidades antes del vencimiento del mencionado contrato en 2019, con tiempo suficiente, incluida la posibilidad de liberalización del servicio para que haya competencia, que se mejoren los precios y también la calidad”. “En el año y medio trascurrido nada ha hecho para llevar a cabo el cumplimiento del acuerdo y los y las ceutíes debemos pagar las tarifas más caras de España por una inspección a la que nos obliga la administración, como el informe de FACUA confirmaba y que suponen un enriquecimiento excesivo del adjudicatario a costa de nuestro bolsillo”, insisten, recordando además que ni tan siquiera es posible concertar cita por Internet como en el resto de España.

“La negociación del incompetente encargado de Medio Ambiente ha sido aceptar las condiciones del adjudicatario, subir las tarifas para el 2019 un 2,3%  y ceder a la imposición de una nueva estación. También hay que añadir la voracidad tributaria del Desgobierno del Sr. Vivas que   nos cobra un IPSI del 9%, frente al 4% de Melilla, una diferencia del 125%”, resumen, apuntando además que, según sus cálculos, “la facturación que realiza el adjudicatario junto con el escaso canon que paga a la ciudad, apenas el 3% de lo cobrado, la casi amortizada inversión, las ventajas en las seguridad social, etc., le permite obtener un beneficio cercano al 50% de las tarifas cobradas por una inspección que la propia administración impone al usuario de cualquier vehículo y que no puede convertirse en un beneficio injusto para el concesionario a costa del bolsillo de los ciudadanos”.