El Pleno de la Asamblea dará este martes un paso decisivo pero no final para acometer la reestructuración del sector público empresarial de la Ciudad Autónoma antes de que entre en vigor un nuevo marco legal que obligue a disolver mercantiles municipales deficitarias. Los consejeros de Hacienda, Presidencia, Fomento, Juventud y Medio Ambiente propondrán, respectivamente, la creación de los nuevos Servicios Regionales de Tributos, Economía y Presupuestos; de Emergencias; de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda; de Turismo y Deporte; y de Medio Ambiente y Equipamiento Urbano.

Acemsa y ‘Puerta de África’ (el Tryp) se quedarán como únicas sociedades mercantiles, ya que RTVCE se transformará en Entidad Pública Empresarial en una Sesión Plenaria que se prevé agitada con las movilizaciones del sector hostelero y la Cumbre Social en su defensa de la Sanidad Pública.

La aprobación de las propuestas, sostenidas con "endebles" informes técnicos, según la oposición, dará un paso clave para reforzar la ligazón a la Administración de más de 700 trabajadores. En los Organismos Autónomos tendrán un vínculo reforzado con respecto al de las empresas municipales pero no tan fuerte como antaño, cuando la legislación laboral no permitía el cierre y los despidos de empleados públicos tan fácilmente como ahora. Todas las fuentes consultadas coinciden, no obstante, en que la judicialización del proceso tendía muchos visos de desmontarlo.

La coalición Caballas se ha llevado una “sorpresa” al saber que, según fuentes técnicas y políticas de la Ciudad, “ninguno” de los trabajadores de las sociedades municipales afectadas, desde los más mediáticos hasta los más anónimos, tiene plaza en propiedad. Hay empleados indefinidos y temporales pero “ninguno fijo”, por lo que los localistas creen que lo “razonable” es que, una vez encauzado el proceso, se sometan a los preceptivos procesos selectivos para cubrir las plazas estructurales.

Los objetivos oficiales de la reorganización son cuatro: 1) “limitar” el modelo societario “a las entidades que, por su naturaleza y por disponer de una demanda individualizada, producen bienes o servicios que deban ser explotados y gestionados conforme a criterios mercantiles y empresariales”; 2) “extender, con carácter general, la aplicación de los criterios administrativos de fiscalización del gasto y disciplina presupuestaria, así como los procedimientos de contratación pública”; 3) “optimizar” los recursos disponibles “mediante la cobertura de nuevas necesidades o déficits preexistentes”; y 4) “reducir el número de entidades y las estructuras de gestión”. 

“En una primera fase” el personal laboral de Procesa, Obimasa, Obimace, Amgevicesa, Emvicesa, Servicios Turísticos y el Parque Marítimo se integrará “en sus condiciones actuales” en los organismos autónomos, “con su misma organización, Convenio Colectivo y relación laboral”.

Dos fases

Los trabajadores temporales “mantendrán su empleo en los mismos términos y por las mismas causas que motivaron la celebración del contrato, de manera que quedarán extinguidos cuando desaparezca la causa que los motivó o se dé alguna de las causas legales previstas en la legislación vigente”.

A medio plazo, en una segunda fase, será necesario “proceder a la determinación de un organigrama y de la plantilla de personal dentro de cada organismo autónomo y en negociación siempre con las distintas centrales sindicales con representación”. Como resultado del proceso “no puede producirse un aumento de la masa salarial en la Ciudad”.

"La intención del proceso", ha querido dejar claro desde el principio el Gobierno local, "no es la de convertir en funcionarios de la administración general de la Ciudad a los empleados de las sociedades mercantiles que se integran en los organismos autónomos”.

El proceso pretende mantener “dos vías paralelas”: la Administración General y la institucional, “garantizando el principio que sólo los funcionarios de la primera podrán pasar voluntariamente de una a otra, pero no así los empleados públicos de la administración institucional”. Asimismo se “garantiza” el retorno de los mencionados funcionarios o personal laboral de la Administración General de la Ciudad que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en la institucional por los procedimientos establecidos.

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